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Seis, siete, rocho

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Seis, siete, rocho

Mensaje por Talisman el Sáb Nov 09, 2013 10:14 pm

Es fuerte que te digan chorra por la calle porque defendés una idea –dijo Cynthia García –No creo que ustedes defiendan al gobierno, ustedes defienden al modelo. Son militantes del modelo, tercio Juan Patricio Mussi, el intendente de Berazategui, invitado del día.



POR JORGE LANATA



–Esta chica, la que pidió la información venía a mi clase de taller, recordó Sandra Russo –Yo no creo que a Lanata le preocupe cuánto gano yo. El problema de ese bloque social es que le teme mucho a la respuesta, a la discusión, quiere ser la única voz, dijo Edgardo Mocca.
–Esta noche en exclusiva, los contratos de PPT, dijo el locutor en la promoción de apertura del programa, pero resultó mentira. Nunca los dieron a conocer; sólo estaban ahí los panelistas del programa de propaganda más emblemático del Gobierno golpeándose el pecho.
La actitud de “Seis, siete, rocho” estaba en línea con la del resto del Gobierno: la información no se mancha, y sólo puede ser conocida por nosotros (por ellos).
La crisis de Diego Gvirtz se desencadenó por un fallo de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenándole al Estado que entregue copia de los contratos entre Radio y Televisión S.E y Pensado Para Televisión, a pedido de Mariel Fitzpatrick, periodista de Periodismo para Todos. Fitzpatrick había solicitado copia de los contratos a la Jefatura de Gabinete el 14 de diciembre del año pasado,pero se le negó la información.
El 17 de enero le negaron el pedido, argumentando que no acreditaba “interés legítimo” para pedir ese dato. El interés legítimo de Fitzpatick como periodista fue reconocido por la Cámara aunque, legalmente ni siquiera era necesario: el decreto 1172/2003, firmado por Néstor Kirchner, dice en el Anexo VII “Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado”.
Como se sabe, el kirchnerismo es dinámico y volátil, por lo que el decreto de Néstor nunca llegó a ponerse en práctica. En verdad, fue peor: el Gobierno hace, desde años atrás, todo lo posible por ocultar información. Para citar algunos ejemplos tomados del sitio chequeado.com: En 2008 el Ministerio de Desarrollo Social se negó a brindar información sobre los beneficiarios de ayuda social, pese a que la Justicia determinó que era una medida arbitraria.
El Ministerio de Planificación sólo publico su presupuesto hasta 2008.
En 2009 el Gobierno canceló la actualización del sitio mejordemocracia.com, que facilitaba el acceso a documentos del Estado.
En 2010, sólo 2 de los 300 diputados presentaron su declaración jurada, según informa el sitio oficial de la Cámara baja.
La Oficina Nacional de Presupuesto sólo tiene publicada su ejecución hasta noviembre de 2010.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires no publica estadísticas de criminalidad desde 2008.
Este año ya se ha vencido el plazo de presentación de declaraciones juradas de los funcionarios del Ejecutivo, y aún no han sido dadas a conocer, ni siquiera en la nueva versión light que limita su contenido a unos pocos datos generales.
En las nuevas DDJJ ya no se piden detalles como los metros cuadrados de los inmuebles y el origen de los mismos y se añade un “anexo reservado” en el que se solicitan los datos del cónyuge o conviviente del funcionario; ese anexo incluye los bienes inmuebles, tarjetas de crédito, depósitos y dinero en efectivo e ingresos por venta de inmuebles, todos los que serán secretos.
Es en vano que la Justicia se pronuncie pidiendo la apertura de las supuestas fuentes de información pública: el 3 de julio la Justicia ordenó el levantamiento del cepo informativo que impuso el Gobierno en la Inspección General de Justicia (IGJ) para proteger a Amado Boudou y a las sociedades que rodean el Caso Ciccone. La IGJ apeló y no sólo bloqueó el acceso a los legajos societarios sino que, además, se extraviaron -¿o fueron robados?- los expedientes de Ciccone Calcográfica, The Old Fund y London Supply. El 27 de agosto Tailhade, el titular de la IGJ, defendió el cepo informativo durante una charla en la Facultad de Derecho de la UBA: “No creo que sea primordial entregar información al que se le ocurra”.
Las empresas de Lázaro Báez (Austral Construcciones y las petroleras Epsur y Misahar) también recibieron protección especial en la IGJ desde junio del año pasado, restricción que llegó, incluso, hasta la Justicia.
La demora permitió que las firmas comenzaran a ordenar y completar sus legajos societarios. Según una nota del 20 de octubre de Nicolas Wiñazki, la IGJ también rechazó un pedido sobre Helvetic Group, el nudo central de la ruta del dinero K. Y tampoco entregaba información al fiscal Campagnoli sobre esa y otras empresas. Ya Campagnoli, en paralelo, había denunciado a la AFIP y a Migraciones por negarle información.
El Gobierno, que esta semana se enorgulleció de dar a conocer los secretos de la dictadura (¿había alguien que no supiera que estuvo prohibida Mercedes Sosa?), mantiene hoy demasiados secretos para lo que nos venden como una democracia transparente.
Investigación: JL/Maria Eugenia Duffard/Amelia Cole
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