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Marijuán pide la indagatoria de su jefa, Gils Carbó

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Marijuán pide la indagatoria de su jefa, Gils Carbó

Mensaje por Talisman el Jue Oct 31, 2013 11:54 pm

El fiscal federal Guillermo Marijuán le pidió al juez Sebastián Casanello que cite a declarar a su jefa, la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, porque considera que cometió los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Es por la designación de Carlos Gonella al frente de la Procuración antilavado (PROCELAC) de manera ilegal.



CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El fiscal federalGuillermo Marijuán le pidió al juez Sebastián Casanello que cite a declarar a su jefa, la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, porque considera que cometió los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
 
Marijuán es fiscal en la investigación iniciada por la denuncia del senador radical Mario Cimadevilla, quién acusó a Gils Carbó de haber designado a Carlos Gonella al frente de la Procuración antilavado (PROCELAC) de manera ilegal. Marijuán determinó que Gonella fue designado sin acuerdo del Senado de la Nación y por eso pide la indagatoria de Gils Carbó. 
 
Cabe destacar que para designar a Gonella no hubo concurso público ni oposición de antecedente, no se envió una terna al Senado y la Cámara Alta no aprobó el pliego de quien fue designado como fiscal de la PROCELAC.
 
Según Infobae, Marijuán recordó en su presentación que Gonella "excluyó" a Lázaro Báez y sus allegados -que debieron ser imputados desde el inicio- de la causa por lavado de dinero en la que está imputado el empresario kirchnerista. Marijuán es el fiscal original de la causa donde está imputado Báez pero cuando comenzó el caso estaba de licencia y Gonella intervino junto al fiscal Ramiro González en el inicio de la causa, cuando Báez fue borrado de la carátula. Por esa situación hay una denuncia radicada en el juzgado federal a cargo deMarcelo Martínez De Giorgi.
 
Marijuán, además de pedir la indagatoria de Gils Carbó y de Gonella, solicitó que la causa que tiene Casanello se sume a la Martínez De Giorgi. 
 
Marijuán diferenció el caso de Gonella de otros casos en los que se designaron subrogantes para reemplazar a fiscales en cargos ya existentes. Para el fiscal este caso es distinto porque "fue ella la que primero generó esos espacios y luego los revistió con funcionarios con atribuciones de magistrados, careciendo de la debida legitimidad y poniendo en peligro, de este modo, toda investigación en la que aquéllos pudieran intervenir asumiendo ese carácter".
 
Para resumir, Marijuán dijo que "queda absolutamente claro que no sólo es ilegal una subrogancia que no respeta el régimen legal previsto de sustitución sino que, además, es reprochable por su ilicitud crear un cargo para investir de "magistrado subrogante" a una persona en particular y ponerla en funciones cuando ella no ha cumplido con las exigencias constitucionales que establecen su consagración como Fiscal de la Nación".
 
El juez Casanello había desestimado la denuncia del senador Cimadevilla. A partir de allí Marijuán recibió 2 amenazas en 48 horas, la última estaba directamente vinculada con Gils Carbó ya que le advertía al letrado: "Si apelás, matamos a tus hijas". Pero resultó aún más llamativa la imputación que la misma Procuradora hizo públicamente contra el fiscal: lo acusó de mostrar un mayor "ímpetu" por la causa Báez, que por otra que involucra al Grupo Clarín, también por lavado de activos. Gils Carbó había comenzado con una campaña de desprestigio contra Marijuán, al acusarlo de utilizar un "doble estándar" a la hora de actuar. 
 
Pero ni las amenazas ni el acoso de la Procuradora imputada impidieron que el fiscal apelara el fallo. Y la Sala I de la Cámara Federal ordenó que se investigara si efectivamente se actuó por fuera de la ley. Luego de la decisión de la Cámara, Marijuán concluyó que Gils Carbó  y Gonella debían ser indagados.
 
Marijuán pide que la Procuradora sea indagada por el delito que está penado por el artículo 248 del Código Penal, que establece: "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".
 
Y también por el 253, que señala: " Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales".

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