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¿Desendeudamiento? Já, entre 2005 y 2011 creció 39,1%

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¿Desendeudamiento? Já, entre 2005 y 2011 creció 39,1%

Mensaje por Talisman el Sáb Nov 17, 2012 2:40 am

En los últimos años, el Tesoro ha recibido $290.000 millones de financiamiento no genuino, lo cual equivale a 10 años de transferencias discrecionales a provincias; 6 años y medio de obra pública; 4 años de salarios; casi 2 años de coparticipación a provincias y de subsidios al sector privado y 1 año de jubilaciones. Entre 2007 y 2012 el BCRA emitió $123.393 millones solamente para financiar al Tesoro Nacional, la mitad de la base monetaria ($261.000 millones)-. Al mismo tiempo, la ANSeS le transfirió al gobierno $49.592 millones.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Economía & Regiones). De acuerdo con la visión oficial, la política de desendeudamiento aplicada permite ganar independencia económica otorgando más grados de libertad a la hora de incrementar las tasas de crecimiento del PIB.

¿Qué es una política de desendeudamiento? Es una política que apunta a reducir el stock y/o a bajar el peso de los vencimientos (intereses + amortizaciones) y de la deuda en relación al PBI. Las políticas de desendeudamiento utilizan recursos genuinos (superávit fiscal) para la cancelación de deuda, propiciando una baja del stock y del peso en términos del producto, así como una disminución de los vencimientos futuros.

¿Por qué una política de desendeudamiento es positiva en términos de crecimiento y (probablemente) desarrollo económico? Porque una disminución del stock y/o de los vencimientos de deuda/PBI permite liberar recursos que pueden ser destinados a la inversión pública en infraestructura y en energía, y a la inversión privada, potenciando la capacidad de producción y la tasa de crecimiento de largo plazo.

De acuerdo con nuestro análisis, la política de desendeudamiento del gobierno nacional no cumple con todos los requisitos anteriores y, por consiguiente, no contribuye a que la economía crezca en forma sustentable y menos aún para que aumente su grado de desarrollo.

Mirando los números oficiales de la Deuda Pública argentina:

Se puede decir que hubo política de desendeudamiento sólo si comparamos la deuda que emergió de la reestructuración con la que existía previamente a ese proceso, ya que es en el único caso que hubo caída del stock de US$191.296 millones en 2004 a US$128.630 millones en 2005 reduciendo el ratio Deuda / PBI de 126% a 71%.

Por el contrario, si se compara la deuda luego de la reestructuración con la de la salida de la Convertibilidad, se observa que mientras el stock bajó un 11%, la relación deuda / PBI aumentó 17 puntos porcentuales, pasando del 54% (2001) a 71% (en 2005).

Es decir, la reestructuración de deuda de 2005 no habría desendeudado a la economía argentina, en términos del PBI, con respecto a la situación de 2001. Esto ocurre porque, además de que se reestructuró sólo una parte de la deuda que entró en default 2001, el Gobierno Nacional siguió emitiendo deuda en 2002; 2003 y 2004 (entre el default y la reestructuración).

En 2006 y 2011 sucede lo contrario; hay un aumento nominal del nivel de endeudamiento, pero una caída de la relación Deuda/PBI. Entre 2005 (US$128.630 millones) y 2011 (US$178.963 millones), la deuda nominal creció 39.1% (US$50.333 millones), pero su peso cayó 28.9 puntos porcentuales en términos del PBI. En pocas palabras, a pesar de que el peso de la deuda disminuye en relación al Producto, su nivel nominal sigue creciendo, desvirtuando en alguna medida la política de desendeudamiento oficial.

Además, la disminución de la relación Deuda/PBI está sobredimensionada porque en el numerador, la deuda en pesos se ajusta por CER, que es menos de la mitad del aumento de los precios implícitos de los bienes y servicios del PBI del denominador. Este desfasaje, que contribuye a reducir artificialmente el ratio deuda/PBI, se corregiría incorporando el “default” del CER en el numerador.

Si ajustamos la deuda en pesos del numerador con la misma inflación con que son ajustados los bienes y servicios del producto del denominador, esa relación sube hasta 52%; casi 10 puntos porcentuales más del 42% que muestran los números oficiales. La reducción del peso de la deuda que se logró con “esta” política de desendeudamiento es inferior a lo que muestran las estadísticas oficiales. No obstante, una relación deuda / PBI de 52% no es mala en comparación con otros países.

En definitiva, no hay una política de desendeudamiento tan clara como afirma el Gobierno, porque los niveles nominales de deuda se incrementan año tras año, y porque -a pesar de que se redujo el ratio deuda/PBI-, la reducción fue inferior a lo que muestran los datos oficiales de 2011.

El cambio de composición de la deuda es inflacionario

La política de deuda del gobierno nacional, implica que el gobierno nacional toma la decisión de seguir aislado del sistema financiero internacional y de los organismos multilaterales de crédito, desaprovechando la actual coyuntura de tasas bajísimas de largo plazo para financiar inversión.

El Estado descarta la alternativa de atraer ahorro del resto del mundo para invertir en obras de infraestructura, de producción de energía a través de sus empresas públicas, que funcionarían como multiplicador de la inversión privada y total.

Es cierto que no es imprescindible que el gobierno nacional se endeude para invertir, ya que lo podría hacer con ahorro fiscal. Pero en la actualidad el Estado (tanto nacional como provincial) tiene déficit, es decir, gasta más de lo que recauda.

En Argentina se viene aplicando una política fiscal expansiva que genera creciente desahorro público, y que atenta contra el financiamiento genuino de la inversión pública.

Desde 2009 el Estado Nacional tiene desahorro público que, debido a la política de desendeudamiento, es financiado con recursos no genuinos y carentes de sustentabilidad en el largo plazo.

El Tesoro Nacional se endeuda cada vez más con el BCRA, con ANSeS y con el Banco Nación.

El creciente endeudamiento con el Central implica más emisión monetaria e impuesto inflacionario. Esta mayor inflación y pérdida del poder adquisitivo del peso se traduce en menos ahorro, menos crédito y más bajos niveles de inversión. Por ende, menos acumulación de capital, más baja productividad del trabajo, menos puestos de trabajo y salarios más bajos en el futuro.

Para peor, la probabilidad de que la emisión monetaria para financiar al Estado termine acelerando la inflación aumenta cuando se tienen en cuenta los efectos del endurecimiento de la intervención cambiaria y la imposibilidad de comprar dólares.

Paradójicamente, sin intervención del mercado cambiario un aumento de la demanda de dólares (fuga de capitales) implicaba una disminución del ritmo de la emisión monetaria, porque los pesos que la gente entregaba a cambio de los dólares (vendidos por el Central) salían de circulación. Aunque mucho nos pese, la fuga de capitales servía como mecanismo anti-inflacionario, ya que esterilizaba los pesos excedentes del mercado.

Por el contrario, la intervención cambiaria y la imposibilidad de comprar dólares hacen que los pesos emitidos queden en el mercado, propulsando probablemente la aceleración inflacionaria. Si dichos pesos que quedan en el mercado fueran a consumo, la inflación muy probablemente se aceleraría porque la demanda crecería a un ritmo mayor que la oferta agregada.

Por el contrario, si parte de esos pesos fueran al dólar paralelo (no al consumo), la inflación también se aceleraría porque la brecha cambiaria crecería impactando al alza en la formación de precios y de expectativas de los agentes económicos.

El comportamiento de los agregados monetarios confirma que el gobierno emite dinero a un ritmo de 5/6 puntos porcentuales por encima del crecimiento nominal de la economía. En septiembre ’12 la base monetaria creció 37%, superando por 3 puntos porcentuales la expansión interanual de M2 (34%). Desde comienzos de año la base monetaria crece a un ritmo superior a M2; lo que pone de manifiesto que el dinero en la calle (circulante) está creciendo más que los depósitos a la vista. Lo que aumenta las probabilidades de aceleración
inflacionaria.

Entre 2007 y 2012 el BCRA emitió $123.393 millones solamente para financiar al Tesoro Nacional, la mitad de la base monetaria ($261.000 millones)-. Al mismo tiempo, la ANSeS le transfirió al gobierno $49.592 millones. No obstante, preocupa más la dinámica que el monto del financiamiento.

El BCRA emite cada vez más pesos y gasta más reservas para financiar al Tesoro; lo mismo sucede con el ANSeS, que cada vez le transfiere más dinero.

La emisión monetaria del BCRA para financiar al Tesoro Nacional se multiplicó casi por 10 en los últimos 5 años. Los recursos que el Tesoro Nacional recibió del ANSeS para pagar gasto corriente se multiplicaron casi por 2 en el mismo período.

En resumen, en los últimos años el Tesoro ha recibido $290.000 millones de financiamiento no genuino, lo cual equivale a 10 años de transferencias discrecionales a provincias; 6 años y medio de obra pública; 4 años de salarios; casi 2 años de coparticipación a provincias y de subsidios al sector privado y 1 año de jubilaciones.

El debilitamiento del ANSeS implica menor respaldo para pagar futuras y mejores jubilaciones.

Con menores recursos, más bajas serán las jubilaciones futuras; salvo que se aumenten las contribuciones y aportes patronales, lo cual deterioraría la capacidad de generar puestos de trabajo y la base imponible del pago de tributos jubilatorios retroalimentando un círculo vicioso.

Si el financiamiento viene del Banco Nación, se reduce el crédito doméstico para el sector privado y el Tesoro actúa como aspiradora de recursos que se podrían usar para la inversión y la producción interna.

En otras palabras, que el Tesoro Nacional se endeude cada vez más con el Central, el ANSeS y el Banco Nación implica menor crecimiento presente y futuro con más bajas probabilidades de desarrollo en el largo plazo.

Desde una apreciación positiva, hay que resaltar que este mayor endeudamiento con el BCRA y el ANSeS ha llevado a que en la actualidad más de la mitad (54%) de la deuda esté en manos del sector público y sólo el 32% en posesión del sector privado, lo cual desde un punto de vista de capacidad de repago es positivo, porque asegura su roll over (refinanciamiento) automático.

A su vez, también implica un cambio positivo en la composición de deuda, reduciendo la deuda nominada en divisas de 97% (2001) al 60% (2011).

En definitiva, la composición de la nueva deuda asegura el roll over y reduce la vulnerabilidad por su menor exposición al tipo de cambio, pero tiene un fuerte costo en materia de inflación, crecimiento, desarrollo y sustentabilidad inter temporal a futuro.
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