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Inminente fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura pero la exitosa abogada ¿sabrá de Derecho?

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Inminente fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura pero la exitosa abogada ¿sabrá de Derecho?

Mensaje por Talisman el Dom Jun 16, 2013 10:40 pm

Mucho se ha especulado hasta la fecha acerca del título universitario de Cristina Fernández de Kirchner. Pero corresponde ahora debatir acerca del conocimiento que ella tiene del Derecho, especialmente el Administrativo: la reforma judicial propuesta naufragará en horas más (¿el martes 18/06?), pero ella prepararía nuevas propuestas referidas al Poder Judicial, que pueden correr igual suerte. Dicen que ella discute mucho con Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico de la Presidente y coprotagonista de los escandalosos cambios constitucionales y electorales que sufrió Santa Cruz, al punto que hoy día los Kirchner ya no pueden ganar en esa provincia. ¿Y si el Frente para la Victoria padece un profundo déficit de idoneidad en los temas que está abordando?




“Creo que la Presidenta deberia presentar un proyecto derogando la reforma judicial entera o la del Consejo, marcando asi un camino de reconciliacion con los sectores que se encuentran en antagonismo, en los cuales yo me encuentro en ninguno de estos sectores", explicó Jorge Rizzo, titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, luego de que la jueza María Servini de Cubría declarara inconstitucional la ley de reforma del Consejo.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Ha comenzado la cuenta regresiva para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falle acerca de la reforma judicial de Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Zannini.
 
Descontando el fracaso que viene, Presidencia de la Nación elucubra otras propuestas para intentar disciplinar/controlar el Poder Judicial de la Nación.
 
El problema es que las ideas vienen flojas de fundamentos y resultan relativamente sencillas de rebotar. La 'abogada exitosa' no parece conocer mucho de Derecho, aunque opina más de lo que se cree. Y su colaborador más cercano, Carlos Zannini, tampoco parece lo que parecía en días de más poder político del Frente para la Victoria. (¿O será que está concentrado en conseguir que Electroingeniería/Gerardo Ferreyra le gane la pulseada a Austral Construcciones/Lázaro Báez, en la riña K más reciente por cuestiones tan ideológicas como la obra pública que exigen las represas en Santa Cruz?).
 
Aquí un par de apuntes imprescindibles para la semana que comienza, en especial si la Corte Suprema de Justicia aplica el próximo martes 18/06 el control de constitucionalidad sobre la legislación  que estableció la elección popular de los consejeros de la Magistratura.
 
Eugenio Paillet en La Nueva Provincia, de Bahía Blanca:
 
"Un funcionario que tiene despacho con ventanales que dejan ver la polémica estatua de Cristóbal Colón decía el viernes, en medio de los tropezones del gobierno con el Consejo de la Magistratura, la tragedia de Castelar, la "traición" de Sergio Massa y otros males que hacen crujir el relato: "Todo lo que tengamos que hacer, hay que hacerlo antes de octubre". 
 
Le faltó decir, aunque lo dejaba traslucir, que el gobierno debe aprovechar las mayorías más o menos acomodadas que tiene en el Congreso entre propios y aliados, porque las elecciones legislativas de ese mes pueden alumbrar un escenario absolutamente distinto del que el oficialismo impone hasta ahora. 
 
Después, ya sin esas mayorías o, probablemente, con un Parlamento que podría volverse díscolo y lejano, en especial porque para ese entonces los aliados de hoy de adentro y de afuera empezarían a acomodar las sillas de cara a la sucesión, a la búsqueda del nuevo líder, es decir a comportarse como peronistas clásicos, todo se volverá mucho más complicado. 
 
Vale la anécdota: "¿Qué hará usted cuando ya no esté Cristina?", le peguntaron cierta vez al senador Miguel Angel Pichetto. "Saludo uno, saludo dos y me pongo a disposición del nuevo jefe", contestó sin que se le moviese un músculo de la cara el fiel rionegrino.
 
(...) Por caso, la Presidenta se ha propuesto terminar con la Corte Suprema de Justicia tal como se la conoce desde que fue puesta ahí donde está por este gobierno. Porque no hay que olvidarse que fue Néstor Kirchner el que se llenaba la boca hablando del fin de la "corte adicta" de Carlos Menem, y de su histórica decisión de nombrar jueces independientes, bandera que cubrió entonces la llegada de Lorenzetti, Argibay, Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni. 
 
Esa es, sin embargo, la Corte sobre la que ahora se prepara, con muchas resistencias internas, el plan para borrarla del mapa. 
 
De seguro del edificio de Tribunales. Y por eso hay relatos dictados desde Olivos, como el que esta semana desgranó el senador Fuentes, cuando dijo que hay clima destituyente "como en el 55", en obvia referencia al golpe de Estado que derrocó a Perón. Hizo una diferenciación necesaria: antes eran los golpes de los militares, hoy son los fallos de los jueces.
 
Más allá del ataque de furia que le provocó a Cristina Fernández que su descarnado ataque contra Carlos Fayt a través de Twitter haya sido respondido por el alto tribuno con un papelito que un chofer les entregó a los periodistas que lo esperaban en la puerta de su casa, la Presidenta quiere aprovechar antes de octubre para enviar un proyecto de ley destinado a zanjar por esa vía lo que hoy no podría lograr por la más dura y directa, que sería conseguir la renuncia de Fayt, de Petracchi y de Maqueda. 
 
Ese proyecto propone elevar de 7 a 19 los miembros del alto tribunal, de modo que el gobierno pueda meter por esa ventana la mayoría que hoy no tiene y que necesita para convalidar algunas de sus políticas y varios de los berrinches presidenciales. 
 
Uno de ellos, el más temerario de todos: otra ley que debería sancionarle el Congreso antes de octubre para modificar el artículo de la Constitución que hoy le impide ir por la perpetuidad en el cargo
 
Ya se ha dicho que el argumento es el mismo que se utilizó para avanzar con la tan mentada reforma para "democratizar" la Justicia. Son modificaciones que debieron hacerse mediante una reforma de la Carta Magna y no por proyectos de ley
 
Como se ha visto, la parte más sensible de ese paquete, elección popular de jueces y abogados y freno a las cautelares contra el Estado, está frenado en la Justicia. (...)".

 
 
Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, de Ciudad de Buenos Aires:
 
"(...) La Corte se cerró a cal y canto. Ni los jueces ni sus colaboradores hablan con nadie. ¿Por qué entonces aquella predicción? Es la conclusión obvia si se siguen la historia, las sentencias y las expresiones de los máximos jueces. Son naturalmente contrarios a una Justicia manipulada por las mayorías fortuitas de la política. Ni siquiera el más cercano al gobierno, Eugenio Zaffaroni, podría desdecirse de sus opiniones en ese sentido, explayadas sobre todo cuando fue constituyente en 1994.
 
Ninguno de ellos podría sentir, además, sensaciones muy distintas de las que experimentó la jueza electoral María Servini de Cubría. La magistrada les confesó a sus colaboradores que debió resolver la causa más difícil y compleja que le tocó en su larga carrera judicial. Sin embargo, dictó la inconstitucionalidad de la elección popular y partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura. Los jueces de la Corte (o algunos de ellos) podrían estar viviendo momentos muy parecidos a los de Servini de Cubría.
 
La jueza subrayó la verdad más obvia de la reforma cristinista. Significa la desnaturalización lisa y llana del espíritu y la letra que creó el Consejo de la Magistratura, imaginado en la Constitución de 1994 como un instrumento para arrancarle a la arbitrariedad de la política la designación de los jueces. El Consejo nunca fue, es cierto, impermeable a las influencias políticas. Pero la actual reforma colocaría a los jueces en peor situación de la que estaban antes de la creación del Consejo, cuando el nombramiento de los magistrados dependía de propuestas del Poder Ejecutivo y de acuerdos senatoriales.
 
Es extraño que el kirchnerismo haya propiciado una reforma, que directamente coloca en el Presidente ganador el poder total sobre la Justicia, cuando le quedan sólo dos años de vida constitucional. Algunos jueces averiguaron sobre esa extrañeza. La respuesta fue típica del cristinismo: "Nunca le dejaremos esta ley a otro gobierno. La cambiaremos antes de irnos", adelantaron sus funcionarios, campantes.
 
Si todo sucede como es previsible (y la Corte lo es), Cristina se enfrentará a otro fracaso político. Libra una batalla a la que no estaba obligada. Dicen que la estimuló la decisión política de salir airosa con la ley de medios y desguazar al Grupo Clarín. Esa es, sin embargo, una de las pocas causas que no necesita de esta reforma. 
 
La Cámara Civil y Comercial, que escribió la última sentencia existente, le dio gran parte de la razón a Clarín. El multimedios no precisa ahora, por lo tanto, de cautelares. La instancia en la que ingresó, la Corte Suprema, es la última y definitiva. Lo que salga de allí simplemente deberá cumplirse. No habrá lugar para nuevas apelaciones o cautelares. Es la venganza por la derrota del 7-D. No hay otra explicación, se dijo cerca de la propia Presidenta."
 
 
En el sitio web especializado en Derecho, PuntoJus:
 
Creo que la Presidenta deberia presentar un proyecto derogando la reforma judicial entera o la del Consejo, marcando asi un camino de reconciliacion con los sectores que se encuentran en antagonismo, en los cuales yo me encuentro en ninguno de estos sectores", explicó a este medio (Jorge) Rizzo (titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), luego de que la jueza María Servini de Cubría declarara inconstitucional la ley de reforma del Consejo.
 
Así, luego de que la Corte declarara admisible el pedido de Per Saltum del gobierno, la agrupación que conduce Rizzo trabajó intensamente para responder a la brevedad con una presentación ante la justicia.
 
"Esta Ley constituye un abuso de derecho, y claramente el pueblo no ungió a su Presidente para que, mediante la promulgación de leyes inconstitucionales, avasalle las garantías constitucionales que la hicieron primera mandataria", advirtió Rizzo en una contundente respuesta al Gobierno.
 
Rizzo solicitó a la Corte Suprema que ratifique el fallo de la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría  que declaró inconstitucional la elección popular de los consejeros "a fin de evitar el grave atropello que la aplicación de la Ley 26.855 involucra, la que, de prosperar ocasionaría un perjuicio actual, manifiestamente arbitrario e inminente al legítimo derecho de participar y de postular candidato en las próximas elecciones de representante del estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación" .
 
El presidente del Colegio criticó los argumentos que dio el Estado al fundar el per saltum, y sostuvo que "sus firmantes lo han realizado con acabado desconocimiento de las más elementales condiciones del expediente". "La presentación evidencia liviandad en la elaboración necesaria para realizar la fundamentación de un recurso que tramita en instancia extraordinaria; o bien tendría el mero objetivo de rellenar espacio ante la evidente falta de argumentación constitucional y de agravios serios; o ambas".

 
"Resulta indudable que el efecto de esta ley será la directa vinculación de los nuevos Consejeros con el partido político que los proponga. Nos ha quedado claro a todos los actores de la Justicia que ésta necesita una profunda reforma. Sin embargo, esta Ley, en sus puntos más relevantes, no sólo no cumple con las necesidades de los habitantes sino que, por el contrario; diluye la representación de los estamentos actores del sistema judicial y pone en manos de los partidos políticos, las decisiones técnicas de un organismo que debe basar sus decisiones en cuestiones eminentemente legales", se argumenta.
 
Se esperan entonces novedades que serán decisivas en la Justicia para mediados de la semana, ya que el  máximo tribunal dio un plazo de 48 horas a Rizzo, que ya respondió  y al partido Democracia Cristiana para que contesten los escritos del Gobierno. Después, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tendrá otras 48 horas para dictaminar.
 
"No cabe ninguna duda que en la Corte también vamos a conseguir un fallo que se declare en el sentido del respeto por la Constitución Nacional. Lo mismo vengo sosteniendo desde el día en que la presidente en la apertura de las sesiones ordinarias de 2013 planteo el tema", explico a PuntoJus Rizzo."

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