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La tuitera que quiere una Corte militante

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La tuitera que quiere una Corte militante

Mensaje por Talisman el Sáb Jun 15, 2013 10:13 pm

Según Pear Analytics, una empresa de investigación de mercado con sede en San Antonio, Texas, los tuits pueden separarse en seis categorías: Cháchara sin sentido: 40% Conversaciones: 38% Retuits (RT) o mensajes repetidos: 9% Autopromoción: 6% Mensajes basura (spam): 4% Noticias: 4% Los tuits en los que el autor dialoga con sí mismo en primera y tercera persona no son comunes. Cristina escribió varios el pasado 10 de junio. Once, para ser exactos: -“Che, qué bueno es esto del Twitter”, se dijo Cristina a sí misma.




POR JORGE LANATA


-“Y a esta qué le pasa? Lo descubrió ahora después de más de dos millones de seguidores?”, se respondió en un tuit posterior.
-“Pero no! -siguió- Es que también sirve para cuando te olvidás de decir algo en un discurso público”.
-“Vieron que recién terminé de hablar en Gallegos? Obras, laboratorios para la justicia, mesas tecnológicas para escuelas … Obras para municipios, créditos para jóvenes emprendedores, convenios para nuevas carreras, etc etc”.
-“Pero si hablaste más de 50 minutos!”, le dijo Cristina a Cristina.
-“Dale, hacela corta …. que te olvidaste CFK?”, escribió CFK.
-“Cuando mencioné el origen político de alguno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, se me olvidó nada más ni nada menos … el casi centenario miembro de la Corte, que pertenece al histórico y también centenario Partido Socialista.
No puede ser!
Si la Constitución Nacional establece un límite de 75 años para ser parte del Alto Tribunal … Ven que están mal informados? Por una acordada (decisión que puede tomar por simple mayoría la Corte Suprema) la Constitución, la Ley y lo que diga María Santísima … out. Dura lex no lex (el aforismo me pertenece)” (le pertenece a Ella. No a mí. “Mi” vengo a ser yo, el autor de esta columna. Ufff) Luego de este asombroso y tecnológico ejercicio de desdoblamiento de la personalidad, Fayt –el miembro de la Corte a quien iban dirigidas estas palabras– reaccionó con un derroche de charme: le respondió por medio de su chofer. “El doctor Fayt evaluará si responde. Pero quiere decirle a todos que los hechos son sagrados, pero el comentario es libre ”.
La discusión es conceptual -más allá del pronunciamiento que a través del per saltum la Corte hará antes del miércoles que viene-, el Gobierno cree que el Poder Judicial debe depender del Ejecutivo. No debe estar para controlarlo, sino para avalarlo. Imagínense ustedes un partido River-Boca –obviamente en el horario de los domingos a las 22.00– en el que el árbitro es de Boca o de River, da igual. Eso es lo que el kirchnerismo propone a la hora de elegir a quienes formen parte del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de elegir a los jueces.
Esa ruta llega a Venezuela, donde ayer fue elegido Argenis Chávez, hermano menor del ex presidente, como Director Ejecutivo de la Magistratura. Argenis ejercerá funciones de dirección, gobierno, administración, inspección y vigilancia del Poder Judicial. Algo encantador si no fuera porque Argenis ni siquiera es abogado. Su antecedente en la función pública es haber manejado CORPOELEC, la Corporación Eléctrica de Venezuela. Tampoco era electricista.
La convicción de Cristina de que el árbitro de River-Boca debe ser obligatoriamente de Boca, o de River se dirigió contra los jueces de la Corte a los que, les recordó, Néstor Kirchner los puso allí. Y vale detenerse en Ricardo Lorenzetti y Raúl Zaffaroni. De Lorenzetti -escribió Adrián Ventura en La Nación-, Cristina esperaba más compromiso(léase obediencia); Zaffaroni nunca la decepcionó.
Lorenzetti, actual presidente del Tribunal, asumió en 2007 y fue propuesto por Néstor. Siempre mostró independencia de criterio, y su mandato finalizaría en 2030, tiene 57 años.
Elena Highton de Nolasco fue designada por Néstor en 2004, tiene 70 años y es cercana al oficialismo.
Carlos Fayt fue propuesto como miembro de la Corte en 1983 por Alfonsín. Tiene 95 años, pero una acordada del mismo Tribunal autorizó su continuidad.
Enrique Petracchi también asumió en 1983 y tiene 77 años. Junto a Fayt, resultó airoso de los juicios políticos que les promovieron en 2004.
Juan Carlos Maqueda asumió propuesto por Duhalde en 2002, tiene 63 años y es uno de los jueces más enfrentados al Gobierno. Su mandato finalizaría en 2024.
Raúl Zaffaroni fue propuesto por Néstor en 2003, es el más cercano al Gobierno, que le devolvió favores blindando su figura durante el escándalo de los prostíbulos. Aseguró que dejará su cargo cuando cumpla 75 años, en enero de 2015.
Carmen Argibay fue designada por Néstor en 2005 y su mandato finalizaría el año próximo.
En 2003, El criticó a los gobiernos “que para obtener gobernabilidad necesitan forjar tribunales adictos o caer en crípticas negociaciones”. “Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo”, dijo Néstor. A los pocos días renunció Nazareno, presionado por un posible juicio político. Le siguió Guillermo López; después fue destituido Eduardo Moliné O’Connor; al año siguiente renunció Adolfo Vázquez; en 2005 Antonio Boggiano (destituido por el Congreso) y se jubiló Augusto Belluscio.
La relación con la nueva Corte comenzó a complicarse con la reforma al Consejo de la Magistratura en 2006, cuando los K pasaron a controlar la mayoría. Pero tampoco alcanzó. Un conflicto entre Petracchi y el entonces ministro de Justicia, Alberto Iribarne, terminó cuando el Congreso redujo el número de miembros de la Corte de nueve a siete, ya que nunca se habían cubierto las dos vacantes restantes. La Corte volvió a enfrentarse con el Gobierno en 2008durante la 125 y después de las legislativas de 2009, tras la derrota del gobierno, falló a favor de la libertad sindical –lo que puso en jaque a la CGT–, no aceptó revisar la fusión de Cablevisión y Multicanal y ordenó restituir al procurador general de Santa Cruz echado por Kirchner, Eduardo Sosa, lo no se concretó. A fines de ese año comenzó a enfrentarse por la ley de medios.
Lo que había sido uno de los “logros” K, la independencia de la Corte, comenzó a transformarse en un problema. Ponerle una camiseta al árbitro -algo que la Corte evitará esta semana- no es el único problema de la insólita ley de “democratización” judicial. La creación de nuevos Tribunales de Casación (que demorarán causas ya lentas en uno o dos años al agregar otra instancia anterior a la Corte), el condicionamiento de los amparos (que evitaría, por ejemplo, defensa alguna frente a un nuevo corralito si éste sucediera), serán las próximas batallas de una guerra incierta: la que el Ejecutivo libra para quedarse con el Poder Judicial.
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