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Cristina inicia su contraataque por la Magistratura

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Cristina inicia su contraataque por la Magistratura

Mensaje por Talisman el Miér Jun 12, 2013 11:56 pm

El Gobierno apelará ante la Corte el fallo contra la reforma del Consejo de la Magistratura: "No queremos que se le cercene al ciudadano un derecho que le da la Constitución", indicó el ministro de Justicia, Julio Alak. La medida llegará a los tribunales "entre hoy y el viernes" y se descarta que será "por el lado del per saltum". Pero también se preparan otras opciones. De los cursos de acción barajados, todos aceptan un denominador común: o el gobierno intenta llevarlos adelante antes del 27/10 o, de lo contrario, habrá perdido la última oportunidad para vehiculizarlos. ¿Por qué? Porque con posterioridad a esa fecha su situación será seguramente más precaria que la actual. Salvo, claro, que lograse un triunfo hoy impensable en los comicios legislativos por venir.




CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Julio Alak, el ministro de Justicia y Derechos Humanos manifestó, en diálogo con radio Continental, que "el Estado nacional va a apelar este fallo" por el que "se pretende dictar la inconstitucionalidad de una ley absolutamente constitucional".
 
Tras refutar a quienes afirman que la Justicia es la que interpreta la Constitución, aseveró que "el primer intérprete es el Congreso de la Nación y el último es el Poder Judicial".
 
"El Estado Nacional va a apelar el fallo" porque "declara inconstitucional una ley abstolutamente constitucional", anunció el titular de la cartera de Justicia, luego de que se conociera el fallo se Servini contra cuatro artículos de esa ley de reforma del Poder Judicial que, además, frena la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura.
 
Alak dijo que el Estado presentará una apelación porque "entendemos que esa medida suspende el efecto del fallo" de la jueza y opinó que "el pueblo argentino no quiere más intermediación, porque quiere elegir en forma directa" a los integrantes del Consejo.
 
El recurso se presentará "entre hoy y el viernes" ante la Corte Suprema de Justicia porque "no queremos que se le cercene al ciudadano un derecho que le da la Constitución", insistió el funcionario durante una entrevista radial.
 
Servini de Cubría declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la Ley 26.855 del Consejo de la Magistratura y del decreto 577/13 que convoca a elección por medio del voto popular de los consejeros que representan a abogados, jueces y académicos.
 
En ese marco, el ministro señaló que la decisión de la magistrada es de "gravedad institucional"porque "se le está impidiendo al pueblo el ejercicio de su derecho soberano", y aunque admitió que aún "lo estamos analizando", consideró que la apelación del Poder Ejecutivo contra el fallo "debe ir por el lado del per saltum", que llevaría el caso directamente a la Corte Suprema de Justicia.
 
El Frente para la Victoria -el sello con el cual el kirchnerismo disputará las elecciones legislativas de este año-, siguió con el cronograma que indica que a la medianoche vence el plazo para presentar los acuerdos electorales para las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que elegirían a los integrantes del Consejo de la Magistratatura por voto popular.
 
El doctor Landau confirmó a Infobae que antes de las 11 ingresó la presentación en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, donde consta que son 12 las agrupaciones federales.
 
Los partidos Justicialista, Intransigente, Conservador Popular, Humanista, Frente Grande, Victoria, Comunista, Kolina, Solidario, EDES, Soberanía Popular (Milagro Salas) y Justicia y Libertad (Gerardo Zamora) conforman el FpV.
 
Otra opcion
 
El editor y politólogo Vicente Massot escribió para sus clientes en la consultora Massot & Monteverde un breve apunte titulado "¿Un as en la manga?":

 
No es esta la primera oportunidad y, de seguro, no será la última en que especulemos respecto de cuáles podrían ser las decisiones a tomar por el gobierno si acaso se confirmasen —como parece probable, dicho sea de paso— los peores pronósticos electorales. 
 
No vamos a descubrir la pólvora, ni mucho menos, si repetimos eso de que el kirchnerismo siempre ha reaccionado de la misma manera a la hora de hacer frente a las derrotas. En sus peores momentos —cuando perdió aquella votación en el Senado y tuvo que meter violín en bolsa en su disputa con el campo, y cuando, un año más tarde, fue doblegado en las urnas por Macri y De Narváez— no retrocedió. Antes al contrario, redobló la apuesta y se salió con la suya.

 
Ahora el panorama no luce mejor que en 2009 y cuanto hay en juego es mucho más importante que entonces. Néstor Kirchner y su mujer no se jugaban, cuatro años atrás, a suerte y verdad su permanencia en el poder. No estaba en disputa la sucesión y nadie pensaba que el matrimonio gobernante podía derrumbarse y desaparecer en el supuesto de que el resultado de los comicios legislativos le resultase adverso. 
 
Por eso, si en 2009 el santacruceño ordenó contraatacar ni bien tomó conciencia de su derrota en las urnas, qué no estaría dispuesta a hacer su viuda en el momento en que se dé cuenta de cuáles serán las consecuencias de un revés terminante en las elecciones de octubre.
 
Está claro que la re–reelección de Cristina Fernández cada día se torna más difícil. Por mucho que sus escuderos mediáticos insistan en que ella es la única garante del modelo —lo cual es cierto— en el fondo no se llaman a engaño respecto de las dificultades que se interponen entre sus deseos y la realidad. La pregunta es cómo prolongar el reinado cristinista si los 2/3 en el Congreso resultan inalcanzables —al menos de momento— y un plebiscito, al margen de sus complicaciones constitucionales, les resultaría desfavorable. 
 
El recurso de comprar voluntades en las dos cámaras tropieza con un obstáculo obvio: si el FPV pierde en octubre nadie querrá asociarse a un barco que hará aguas por los cuatro costados. Se puede intentar un atropello semejante a las instituciones, pero la variante Banelco —por llamarle de alguna manera— sólo tendría posibilidades de funcionar antes de los comicios. Así y todo, los riesgos para el oficialismo serían enormes y el desenlace incierto.
 
En tren de conjeturas no tendría sentido descartar la interpretación Durañona y Vedia en punto a los 2/3 necesarios para habilitar una reforma constitucional. Claro que, una vez más, aferrarse a la idea de que los 2/3 se cuentan sólo entre los presentes no le abriría las puertas del Cielo de par en par al gobierno. Es que inmediatamente la medida sería impugnada ante la Corte y nadie estaría en condiciones de asegurar, el día de la votación, que el arco opositor fuese a quedarse afuera del Congreso.
 
A medida que se pasa revista a las eventuales variantes, una parece más forzada y hasta ridícula que la otra en atención a las dificultades que arrastraría su ejecución y al conflicto que generaría en la sociedad. Son atajos sobre los cuales vale tejer hipótesis, a condición de saber que la probabilidad de pasar del dicho al hecho son remotas.

 
Sin embargo —conforme transcurren los días, se acerca el día de los comicios, se acrecientan las chances de las banderías opositoras en los principales distritos electorales del país y se agigantan las dudas del oficialismo en cuanto a qué candidatos llevar en las boletas partidarias—, hay un conflicto que se ve venir y presagia cuál podría ser el campo de batalla escogido por Cristina Fernández para dar pelea de aquí a octubre. Cuanto se avizora en el horizonte es un conflicto de poderes de dimensiones impensadas entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, contra la cual la presidente ha embestido nuevamente en general y, en particular, contra uno de sus miembros: Carlos Fayt.
 
Suponer que el kirchnerismo aceptará mansamente más sentencias desfavorables a sus intereses de parte del tribunal supremo de la República, sería no entender su naturaleza. Lo lógico y, por lo tanto, lo que es de esperar —en el caso de que la reforma judicial, en sus dos aspectos más significativos, sea fulminada por anticonstitucional— es una reacción violenta de la Casa Rosada.
 
Cualquiera puede darse cuenta de que Cristina Fernández, desde hace un año, poco más o menos, no ha hecho otra cosa más que preparar el terreno para un buen día acusar a la Corte de impedir con sus fallos el normal funcionamiento de la administración pública. En el momento que las modificaciones a las cautelares y al Consejo de la Magistratura pergeñados por el oficialismo y
convertidos en ley queden sin efecto, estarán dadas las condiciones para que el kirchnerismo ponga en marcha su plan de máxima: acrecentar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia.

 
Legalmente nada se lo impide y con la actual relación de fuerzas en las dos cámaras del Congreso Nacional, estaría en condiciones de lograrlo. No implica lo escrito más arriba que vaya a hacerlo ni tampoco que, si lo intentase, ganaría fácilmente la partida. No está escrito en ningún lado que, de buenas a primeras, nos acostaremos una noche con un tribunal de 7 miembros para despertarnos a la mañana siguiente con otro de 19. 
 
Las cosas no son tan simples y la cuestión mencionada no se resuelve con un ucase de la Casa Rosada. Pero, de todas las jugadas que podría ensayar el kirchnerismo —algunas de las cuales fueron mencionadas antes— es la única que le queda todavía al alcance de la mano y, aun siendo difícil, es la menos difícil.
 
De los cursos de acción barajados, todos aceptan un denominador común: o el gobierno intenta llevarlos adelante antes del 27 de octubre o, de lo contrario, habrá perdido la última oportunidad para vehiculizarlos. ¿Por qué? Porque con posterioridad a esa fecha su situación será seguramente más precaria que la actual. Salvo, claro, que lograse un triunfo hoy impensable en los comicios legislativos por venir. 
 
Por ahora su dominio del Congreso no está en peligro y siempre que se lo ha propuesto ha logrado disciplinar a sus bloques y a los aliados con el propósito de votar las leyes que le hacían falta.
 
¿Se arriesgará la Presidente a lanzar un ataque en toda la línea contra la Corte, incluyendo la decisión más osada de llevar el número de integrantes de la misma a 19? La condición necesaria todavía no está dada. 
 
Pero ni bien ese tribunal se interponga en el camino del gobierno —y parece faltar poco— habrá sonado la hora. Todo es cuestión de tiempo.
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