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Será Justicia: 1er. fallo en la Ciudad contra las reformas a la Justicia

Mensaje por Talisman el Miér Jun 05, 2013 12:49 am

La tarde del martes 04/06 se conoció que salió el primer fallo contra la reforma del Consejo de la Magistratura y las cautelares. Es el dictamen más firme porque suspende por seis meses las elecciones. Es el tercer fallo en contra de la eleccion de los consejeros. Fue presentado por la ONG "Será Justicia". Fallo completo.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-Se conoció la tarde del martes 04/06 que salió en la Ciudad de Buenos Aires, el primer fallo contra la reforma del Consejo de la Magistratura y las cautelares. Es el dictamen más firme porque suspende por seis meses las elecciones.

Ocurre que, la Jueza Liliana Heiland, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº10, en el marco de la acción iniciada por la organización no gubernamental “Será Justicia”, resolvió suspender las normas de la Ley de Reforma del Consejo que disponen la convocatoria a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de los consejeros.

Luego de los dictámenes de San Nicolás y Mar del Plata, este fue el tercer fallo contrario a la elección de consejeros en los comicios primarios del 11/08. Resultó el primero, no obstante, que se realizó en la Justicia porteña, que había desechado varios amparos presentados en los últimos días.

Heiland, del juzgado número 10, dio lugar a la cautelar de “Será Justicia”, presentada por los abogados Guillermo Lipera y Máximo Fonrouge, y decidió, en principio, suspender por seis meses las elecciones del Consejo.

La decisión puede ser apelada por el Gobierno ante la Cámara del fuero, aunque como en los otros fallos adversos, resulta probable que se solicite a la Corte un pedido de ‘Per Saltum’.

Presentación

En su planteo, Será Justicia había deslizado el siguiente fragmento:

"(...) V) LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 26.080

a) Significado del “equilibrio” mencionado en la norma constitucional

Es sobradamente conocido que una de las reformas principales introducidas por la Convención Nacional Constituyente de 1994 fue la creación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Ambas instituciones figuraban ya en el acuerdo de coincidencias suscripto por Carlos Menem y Raúl Alfonsín que inauguró el proceso reformador. De allí se trasladó a la ley declarativa de necesidad de la reforma, dentro del Núcleo de Coincidencias Básicas, es decir del conocido paquete de reformas que debían ser tratadas en forma conjunta y aprobadas o rechazadas en bloque y no individualmente. Dicho Núcleo de Coincidencias Básicas constituía la parte esencial de la modificación constitucional.

Tanto el texto contenido en aquél acuerdo de coincidencias básicas como en la Ley 24.309, en especial en lo que se refiere a la integración del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, resultan prácticamente idénticos al que fuera aprobado por la Convención e incorporado a la Constitución en los artículos 114 y 115 (puede consultarse un cuadro comparativo en Obra de la Convención Nacional Constituyente 1994, Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, Ministerio de Justicia, Buenos Aires, 1995, Tomo IV, pág. 4327 y sgtes.). Las únicas diferencias en cuanto a la regulación de la integración de ambos órganos son:

(i) Consejo de la Magistratura: La aclaración de que la representación de los abogados se refiere a los inscriptos en la matrícula federal, y al reemplazo de la palabra “personalidades” por “personas” del ámbito académico y científico.

(ii) Jurado de Enjuiciamiento: La aclaración de que los abogados representados deben ser de la matrícula federal, y la eliminación de la representación de otras personalidades independientes.

Es importante, a los efectos de interpretar correctamente las normas constitucionales afectadas, analizar la intención y el objetivo que se persiguió con su incorporación al texto de la Constitución. Recuérdese que la Corte Suprema ha reconocido que “la primera regla de interpretación de las leyes es la de dar pleno efecto a la intención del legislador” (Fallos 150:151). En el mismo sentido, el Máximo Tribunal sostuvo que “ese mismo principio de interpretación exige se determine el espíritu de la ley, cuando fuera de su letra, está clara y evidente la intención del legislador y máxime si esa intención consta en la exposición de los motivos que la fundaron” (Fallos 111:339). Específicamente, en relación con el valor de las explicaciones de los miembros informantes de los proyectos como pauta interpretativa, la Corte Suprema sostuvo que “si bien es cierto que las palabras o conceptos vertidos en el seno de una ley, son en general simples manifestaciones de opinión individual de las personas que las pronuncian, también lo es que no puede decirse lo mismo de las explicaciones o aclaraciones hechas por los miembros informantes de los proyectos o en los informes de las respectivas comisiones encargadas de su estudio, pues tales explicaciones e informes constituyen, según la doctrina y la jurisprudencia, una fuente propia de interpretación” (Fallos 114:299).




De los debates de la Convención Constituyente surge claramente la intención del reformador de modificar el sistema de designación y remoción de magistrados federales inferiores, en el que hasta el año 1994 los órganos políticos tenían intervención exclusiva, introduciendo en dicho proceso a actores ajenos a los mencionados órganos. El convencional César Arias, del Partido Justicialista, al presentar el proyecto de modificación propiciado por los partidos impulsores de la reforma, afirmaba que “lo que se procura con el Consejo de la Magistratura es sustraer las designaciones de los jueces, sus remociones, sus traslados, sus ascensos, de la acción que pueda llegar a darse […] por parte de los regímenes presidencialistas, precisamente por la capacidad de atribuir nombramientos por el Presidente sin intervención de los otros poderes, más allá del acuerdo que brinde el Senado de la Nación” (Obra de la Convención…, Tomo IV, pág. 3248). Agregaba el convencional Arias que en la independencia judicial que -según su opinión- existe en Europa, “mucho tiene que ver, precisamente […], la vigencia de este procedimiento, de esta forma de sustraer la nominación de los integrantes del Cuerpo, la posibilidad de ascensos y de traslados a un Cuerpo de composición mixta, donde tiene preeminencia un determinado sector alejado, justamente, de las apetencias y de las luchas políticas partidarias” (pág. 3249).

Queda claro de los debates de la Convención Constituyente que el objetivo primordial de la creación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue asegurar y afianzar la independencia del Poder Judicial. Se consideraba que el sistema de designación y remoción de magistrados adoptado por la Constitución Nacional de 1853/60, copiado del modelo estadounidense, había degenerado en un método completamente dominado por intereses político partidarios. Por esa razón, se pretendió crear un órgano que limitara la intervención de los órganos políticos emanados de la elección popular (el Poder Ejecutivo y el Legislativo), incorporando al proceso actores que no estuvieran influidos, al menos en forma directa, por la política partidaria. Ya en la declaración conjunta emitida por los Dres. Menem y Alfonsín se señalaba la coincidencia de impulsar la reforma de la Constitución Nacional con el objetivo de, entre otros, afianzar la independencia de la justicia y fortalecer los órganos de control (Obra de la Convención…, Tomo I, pág. 64).

Muy claras fueron también en este sentido las expresiones del miembro informante del despacho de mayoría de la Comisión de Redacción, convencional Enrique Paixao, al dirigirse al plenario de la Convención: “si existe un poder del Estado que necesita una profunda reforma que desde la Constitución apunte a la recuperación de la confianza pública en su sistema institucional, es el poder crítico de ese sistema: el Judicial. […] La Sociedad argentina apetece mayor transparencia en el nombramiento de sus jueces, mayor eficiencia en la remoción de magistrados respecto de los cuales se acrediten actos de inconducta y mayor confiabilidad en la administración de la cosa judicial mientras los jueces desempeñan su función específica, que es la de resolver casos contenciosos. A estos objetivos apunta la importante reforma judicial que contiene el proyecto en consideración. El órgano central de esta reforma es el Consejo de la Magistratura, cuyas funciones van desde una intervención sustancial en el proceso de nombramiento de los jueces hasta la apertura del procedimiento de remoción de éstos y la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, órgano éste que pasa a ser el mecanismo de remoción en casos de inconducta para los jueces nacionales, exclusión hecha de quienes integran la Corte Suprema” (Obra de la Convención…, Tomo V, pág. 4888).

En relación con la integración del Consejo de la Magistratura, el convencional Paixao afirmó: “se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano pero que simultáneamente no convierta al Poder Judicial de la Nación en un sistema autogestionario en el que los jueces -cuya misión es la de decidir casos concretos- puedan llegar a transformarse en la fuente de provisión de nuevos jueces. De tal manera, se ha buscado un modelo intermedio en que los poderes democráticos retengan una importante injerencia en el proceso de designación de los jueces, pero en el que simultáneamente -por participación de los propios jueces en el gobierno de la magistratura y por participación de estamentos vinculados con la actividad forense u otras personas– el sistema judicial esté gobernado con pluralismo aunque sin transferir a quienes no tienen la representación popular la totalidad de los poderes propios distintos de los que le son específicamente propios del sistema judicial, que son los de dictar sentencias, esto es, resolver casos contenciosos” (Obra de la Convención…, Tomo V, pág. 4888).

Como surge de la explicación dada por el referido miembro informante de la mayoría, la reforma estableció un procedimiento en el que los poderes políticos retuvieron importante injerencia a través de la designación de los magistrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, pero con la importante limitación de que dicha designación debía realizarse en base a las ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura, en el cual los poderes políticos no tienen (de acuerdo con el texto constitucional) preponderancia.

Bianchi señala con acierto que “ha sido intención del legislador constituyente crear un órgano dotado de competencia específica para realizar, con un mayor grado de profesionalismo, ciertas tareas que antes correspondían directamente a los poderes del Estado” (“El Consejo de la Magistratura (Primeras impresiones)”, LL 1994-E, pág. 1286).

Todas estas expresiones deben ser tomadas cuidadosamente en cuenta al momento de interpretar cláusulas cuyo sentido pueda aparecer como equívoco. Si la intención del constituyente fue la de afianzar la independencia del Poder Judicial y diluir la influencia de los poderes políticos en la designación de magistrados, la reforma no podrá interpretarse en el sentido de permitir que dichos poderes continúen teniendo una marcada influencia en tal procedimiento. De lo contrario, la reforma habría sido inútil y una de las pautas básicas de toda exégesis legal es que las normas no pueden interpretarse de manera que se transformen en irrelevantes o inocuas.

Resulta clave para una correcta interpretación de las normas que regulan la integración del Consejo de la Magistratura, establecer el sentido de la exigencia del artículo 114 de la Constitución de que la referida integración debe procurar el equilibrio entre tres grupos diferentes: (i) los órganos políticos resultantes de la elección popular, (ii) los representantes de los jueces de todas las instancias, y (iii) los representantes de los abogados de la matrícula federal.

En primer lugar entonces, corresponde analizar cuál es el sentido de la expresión “procurar el equilibrio” que utiliza el artículo 114 de la Constitución. Para ello será necesario precisar primeramente el sentido de la palabra “equilibrio”, para luego determinar en qué sentido fue usada por el Constituyente.




De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra “equilibrio” tiene las siguientes acepciones: 1. Estado de un cuerpo cuando encontradas fuerzas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente. //2. Peso que es igual a otro peso y lo contrarresta. // 3. fig. Contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas // 4. fig. Ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios. // 5. pl. fig. Actos de contemporización, prudencia o astucia, encaminados a sostener una situación, actitud, opinión, etcétera, insegura o dificultosa.

Descartadas la 4ª y 5ª acepción, las que claramente resultan inaplicables al caso bajo examen, advertimos que las otras tres hacen referencia a fuerzas contrapuestas cuyo impulso se anula mutuamente, de manera que ninguna de ellas puede prevalecer sobre la otra. Es una verdad de Perogrullo que entre una fuerza que se imponga sobre otra no existe equilibrio.

Lo dicho es plenamente aplicable al caso examinado, en donde el significado de las palabras no varía, ya que las mismas no están utilizadas en sentido técnico alguno, que difiera del significado común que ellas tienen. Pero aún si se pretendiera afirmar lo contrario, debe tenerse en cuenta que la noción de equilibrio no es algo novedoso en nuestro sistema constitucional, toda vez que es la piedra angular sobre la que se basa la separación de poderes. El nuestro es un sistema de separación y equilibrio de los poderes y esa noción de equilibrio nos remonta a la conocida frase de Montesquieu de que le pouvoir arret le pouvoir (el poder detiene al poder), la que ilustra perfectamente el sentido constitucional de la noción de equilibrio: las fuerzas en pugna se contrarrestan mutuamente, logrando que ninguna pueda imponerse a la otra.

Este es el sentido claro de la norma constitucional que regula la integración del Consejo de la Magistratura. Cuando el artículo 114 exige que se procure el equilibrio entre los representantes de los distintos sectores que menciona, pretende que se establezca una relación entre ellos en la cual ninguno pueda adoptar o bloquear decisiones por sí solo, sino que deba para ello contar con el respaldo de algunos de los otros sectores. Así lo entendieron también los miembros de la Comisión de Redacción de la Convención Constituyente: “la Constitución ha prescripto que la configuración del órgano esté signada por el equilibrio. Con ello ha establecido que la composición numérica debe garantizar que los poderes políticos no tengan en él una hegemonía que menoscabe la transparencia en el cumplimiento de las funciones -muchas y muy importantes- que le asigna, y ha de asegurar el pluralismo en su integración. Esa composición, a su vez, no puede tener características tales que resulte generado un sistema de cooptación en el nombramiento de los jueces, o que quede transformado el sistema judicial en autogestionario, con olvido de que la función de los jueces es, primordialmente, la de decidir casos contenciosos” (La Reforma de la Constitución explicada por los miembros de la Comisión de Redacción, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994, pág. 415).

Esta es la posición unánime de la más autorizada doctrina constitucional argentina. Bidart Campos sostuvo que “la mención del equilibrio entre tales representaciones es muy importante, porque –por ejemplo- quedaría roto si por la cantidad de miembros de los órganos políticos de origen popular quedara a merced de ellos una predominancia que neutralizara la representación de los jueces y de los abogados que, de algún modo, son pares del candidato por la índole de sus funciones profesionales” (Tratado de Derecho Constitucional Argentino, Ediar, Buenos Aires, 1995, Tomo VI, pág. 493).

Algunos autores llegan incluso a sostener que los representantes de los jueces deberían tener mayoría en el Consejo y que los restantes sectores deberían ejercer una suerte de control sobre esa mayoría (Dromi y Menem, La Constitución Reformada, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, pág. 375; Bielsa, citado por Bidart Campos, op. cit., pág. 493, nota 1).

Repárese asimismo que la Constitución engloba dentro de un mismo grupo (órganos políticos resultantes de la elección popular) al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Resulta claro que la Constitución pretende que el equilibrio exista entre los representantes de los órganos políticos (tomados en conjunto), los representes de los jueces y los representantes de los abogados. Esta cuestión, que podría parecer meramente semántica, es de fundamental importancia para la correcta interpretación del mandato constitucional. Ninguno de los tres grupos mencionados puede ser desagregado o separado a los efectos de determinar si existe o no equilibrio en su representación ante el Consejo de la Magistratura. Así, por ejemplo, no sería válido constitucionalmente establecer distintas representaciones para los jueces de diferentes instancias, como tampoco lo es que el equilibrio se pretenda establecer entre representantes de la Cámara de Diputados, del Senado y del Poder Ejecutivo, tomados separadamente, con los restantes sectores.

Debe tenerse en cuenta que el equilibrio entre los tres estamentos mencionados en el art. 114 de la Constitución Nacional no tiene por objeto organizar el sistema de mutuo control entre los tres poderes clásicos de nuestra organización institucional. Dicho mutuo control, propio del sistema denominado de “frenos y contrapesos”, está dado por la facultad del Poder Ejecutivo de designar los jueces, aún dentro de la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura. Por su parte, el Poder Legislativo ejerce su control mediante el acuerdo del Senado (art. 99, inc. 4º de la Constitución Nacional).

Por lo tanto, el Consejo de la Magistratura es un órgano con funciones técnicas orientadas a la selección de magistrados, a su remoción y a la administración del Poder Judicial. El componente político incluido en él en manera alguna desvirtúa esa función técnica y esa es la razón del equilibrio con los otros estamentos. Es por eso que cualquier alteración del mencionado equilibrio desvirtúa la función del Consejo de la Magistratura y el sistema de selección y remoción de magistrados que, según hemos visto, la reforma de 1994 pretendió extraerlo de la influencia de la política partidaria y de esta manera corregir las anomalías del sistema anterior.

En cuanto a la integración del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, si bien la Constitución no indica que deba existir equilibrio, dicha diferencia con lo normado respecto del Consejo de la Magistratura no debe ser entendida como que el artículo 115 autorice que los órganos políticos puedan tener preponderancia en él. Ello implicaría sostener que la reforma nada ha modificado y que ha sido solamente una alteración cosmética, ya que en nada habría influido en el anterior esquema en el cual los órganos políticos eran quienes decidían acerca de la remoción de un magistrado. Por el contrario, la falta de exigencia del equilibrio sólo puede ser interpretada en el sentido de que aquí el constituyente no tenía los mismos reparos en cuanto a que la remoción pudiera estar dominada por los mismos jueces, a diferencia de lo que ocurre con el Consejo de la Magistratura. (...)"
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