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Cristina vs Clarín: Una semana en la que todo será 7D

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Cristina vs Clarín: Una semana en la que todo será 7D

Mensaje por Talisman el Lun Dic 03, 2012 11:11 pm

El jueves 6D habrá una movilización desde Canal 7 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para un abrazo al Palacio de Tribunales en contra de lo que significa la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en términos de libertad de expresión. El viernes 7D vencerá el plazo para presentar planes de reencuadramiento ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Además de Grupo Clarín, un tema muy interesante es el del hispánico-argentino Grupo Telefé, propiedad de Telefónica, empresa con sede en Madrid, España. El domingo 9D, Cristina Fernández de Kirchner prepara una movilización, con muchos músicos famosos para que convoquen lo que ella ya no puede, en un megashow gratuito que presentará como un respaldo a la Ley de Medios. El lunes 10D será el 1er. día hábil de vigencia efectiva de la nueva legislación. La secuencia concentrará casi toda la política argentina.


"A modo de consuelo, como decía aquel confidente, queda el 7D. El problema para la Presidenta y su séquito es que esa fecha va camino de convertirse en una más, sin la épica que le imprimieron los propagandistas oficiales y que desde Unidos y Organizados compraron sin chistar, que es poco menos que el desguace del Grupo Clarín por parte de un ejército de funcionarios, abogados y militantes enfervorizados al mando de Martín Sabatella. Que durante un acto en Morón prometió ir el lunes 10 de diciembre por Cablevisión, "con la ley o sin la ley",

Eugenio Paillet,
La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, prov. de Bs.As.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Todo lo que ocurre, el Ejecutivo Nacional lo adjudica a la proximidad del 7D. Aquí un ejemplo:

"Máximo Kirchner no compró ninguna chacra en Zárate y mucho menos con amarraderos. Lo único que falta es que digan que planeamos amarrar allí a la Fragata Libertad una vez que a los fondos buitres no les quede más que liberarla", afirmó la agrupación La Cámpora en un comunicado que le ordenó su líder, Máximo Kirchner, quien busca la protección de otros hasta para un desmentido.

(...) "No es raro que a pocos días de entrar en plena vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia, los pocos socios que le quedan al monopolio peguen estos desesperados manotazos de ahogado", remató La Cámpora, en su polémico texto en el que adjudicó "operaciones políticas de prensa, financiadas con plata negra, amarilla o naranja, apuntadas a los compañeros que acompañan el proyecto transformador iniciado en 2003, seguirán siendo moneda corriente" (Urgente24 ya hizo notar que amarillo es el color del PRO/Mauricio Macri y naranja es el color de Daniel Scioli).

El inestable Máximo y sus acólitos mezclaron la corrupción kirchnerista, abundante en testaferros, y las disputas políticas, con el 7D. Todo es el 7D, viernes decisivo, según el Ejecutivo Nacional.

¿Por qué?

El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, dijo: "No vamos a esperar el fallo del juez (Horacio)] Alfonso para aplicar la ley de medios".

El Ejecutivo Nacional inició así la cuenta regresiva hacia el viernes 7 de diciembre, cuando termina el plazo fijado por la Corte Suprema para la medida cautelar que protege al Grupo Clarín del desguace al que lo obliga el artículo 45 de la ley de servicios de comunicación audiovisual.

La pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín por la llamada 'ley de medios', está trabada en una maraña de recusaciones, excusaciones, denuncias cruzadas y pedidos de último momento. Lejos todavía de una decisión de fondo. Debe resolverse si es constitucional o no la obligación de desinvertir que el Gobierno quiere hacer efectiva de inmediato. El viernes 07/12 vence la medida cautelar a favor de Clarín.

El directorio de la Afsca, que Sabbatella integra junto con los también kirchneristas Ignacio Saavedra, Claudio Schifer y Eduardo Seminara, ratificó que los grupos de medios que se "presenten voluntariamente" tendrán más de 1 año para adecuarse. Pero quien no se haya presentado voluntariamente quedará sometido a las transferencias de oficio.

Varios grupos que explotan licencias de radio y televisión presentaron a fines de la semana pasada sus propuestas de adecuación a la Ley Nº26.522. Lo hicieron ante la Afsca, organismo que ahora deberá analizar las presentaciones realizadas.

Los grupos que presentaron sus planes de adecuación son UNO Medios, Indalo, Radiovisión Jujuy, La Capital e Ick, según informó ayer la Afsca en un comunicado de prensa. Telefónica/Telefe es un caso muy interesante aún pendiente de plan de adecuación: Telefónica afirmó, inicialmente, que Telefe le pertenece pero Sabbtella dice que no. (?) Luego se dijo que en parte sí y en parte no. (?)

La Afsca tiene pendiente de publicación en el Boletín Oficial sus nuevas decisiones. Todavía se encuentra vigente la resolución 297/2011, que le concede 30 días a los grupos de medios para que, una vez vencido el plazo previsto en el artículo 161, presenten sus propuestas de adecuación. Son días de intenso trabajo para abogados, del Estado y los de Grupo Clarín.

La Administración Cristina se encuentra dispuesta a realizar todas las consideraciones posibles para quienes, testaferros mediante, avancen en sus propuestas de adecuación. La figura del testaferro será importante porque no hay compradores genuinos ni capitales disponibles para la cantidad de frecuencias y registros que saldrán al mercado.

Es evidente que se avanza a un escenario de transferencias simuladas, pero esa gravísima situación pareciera satisfacer a la Afsca.

Cabe recordar que la readecuación se refiere a Radio y TV. Todavía la web resulta un espacio aislado del Frente para la Victoria, aunque esta historia se sabe dónde comienza pero no donde concluye.

A Urgente24, el 7D no le provoca consecuencias directas inmediatas aunque el futuro de la red Fibertel es un interrogante, toda vez que es un proveedor importante de conectividad a Internet y muchos lectores reciben las noticias vía ese servicio. Pero Urgente24 considera que una ley no puede surgir del odio de un ex aliado a otro, y que si la cuestión es el monopolio hay otras formas de desrregular, menos controvertidas, y en las que el Ejecutivo Nacional siempre se desinteresó. Por último, hay un enfoque discrecional de todo el asunto, en especial cuando la legislación estaba suspendida para Grupo Clarín pero no se le exigió encuadramiento a los otros involucrados. En definitiva, un mamarracho jurídico-institucional.

Por lo demás, con o sin 7D, Urgente24 ha sido, es y será crítico de un populismo demagógico que destruye el futuro de la Argentina.

Un caso testigo

UNO Medios “propone disolver el actual grupo y dividir entre sus socios originales parte de las licencias, conformando nuevas unidades productivas a cargo de cada socio o en vinculaciones que, a título personal, no presentan incompatibilidades entre sí”. Además, prevé transferir 11 licencias de medios, y vender 16 licencias y 3 registros.

“Esta es, en trazos generales, la conformación propuesta: Supercanal (su empresa de cable en concurso judicial desde hace más de una década) quedaría con 18 licencias de cable, con la participación de José Luis Manzano en el 7,5% de las acciones y el resto distribuida entre los acreedores del concurso homologado y otros socios minoritarios”, precisa el informe.

Alfredo Vila Santander, por su parte, “conformaría una nueva sociedad independiente de Supercanal, con la cual operaría 15 licencias de cable junto con 7 licencias de radios en el interior del país”. A su vez, junto con Daniel Vila “se harían cargo de una sociedad que explota dos canales de televisión y una radio en la zona de cuyo”.

Por su parte, tal como se expresa en el comunicado del organismo, “Daniel Vila junto con José Luis Manzano compartirían la sociedad que opera seis licencias, entre las que se encuentran América TV (con otros socios) y radio La Red, junto con otras del interior”.

Por otra parte, prevén transferir 11 licencias: 1 licencia satelital, 7 licencias de cable y 3 licencias de radio a distintos ex socios minoritarios de UNO Medios.

Pondrán asimismo a la venta 16 licencias: 8 de cable, 2 canales de TV abierta (Junín y San Rafael) y 6 estaciones de radio (entre ellas La Red Rosario, FM Tupungato y FM Brava). También venderán 3 registros de señales, entre ellas América 24.

Zaffaroni vs. Morales Solá

La Corte le pidió el martes 11/12 al juez de 1ra. instancia Horacio Alfonso que dictara sentencia "de inmediato" en este caso. Hizo referencia a la "denegación de justicia" que implicaría no tener una respuesta judicial. Aunque lo habilitó a trabajar fuera del horario judicial y en fines de semanas, los diferentes actores del expediente creen que el fallo no estará listo esta semana: los actos procesales pendientes -que por ley llevan varios días- lo hacen imposible.

Difícilmente el magistrado lo haga antes de los próximos 30 días. También los jueces pidieron a la Cámara Civil que resuelva sobre la extensión de la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín. Pero convalidaron el sorteo de dos magistrados del fuero Contencioso Administrativo, dominado por el kirchnerismo, para integrar aquella Cámara que resultó vaciada por artilugios del Gobierno. La Cámara debería resolver además la recusación del Gobierno contra dos de sus jueces de origen. Aún no hizo ninguno de los trabajos pendientes. Con ese vacío legal el conflicto por la ley de medios se encamina hacia el 7D, la fecha estipulada por el kirchnerismo para la hipotética batalla final.

Martín Granovsky, ex titular de la agencia estatal de Noticias (contratado y despedido por los Kirchner, y vuelto a contratar en Página/12) entrevistó al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, a quien el kirchnerismo cristinista reivindica como referente:

"(...) –Falta menos de una semana para el famoso 7 de diciembre. ¿Qué debería pasar ese día?

–Vamos a los hechos. Hasta ahora lo que se decidió en la Corte es simplemente no hacer lugar a la vía ensayada por Clarín para un acceso, precisamente, a la Corte. También resolvimos decirle al fuero Civil y Comercial Federal: “Pónganse en orden y desenmarañen lo que hay, con su añadido de excusaciones y recusaciones”. En cuanto al juez, que dicte sentencia lo más rápido que pueda.

–¿Ustedes le indicaron un día para dictar sentencia?

–No, no se lo podemos decir. El juez tiene términos. Lo que se dice es que los términos se acorten.

–El último fallo de la Corte Suprema sobre todas las circunstancias que rodean al artículo 161, el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que establece la adecuación de los medios a nuevas cuotas de mercado, ¿profundiza o cambia el fallo de la Corte de mayo sobre que las cautelares debían tener un plazo razonable?

–El fallo del 22 de mayo sigue vigente. Lo que se ensayó ahora por parte de una parte reclamante es una vía de entrada por un recurso no procedente. Dijimos que así no se hace. Por eso no se le abrió la instancia. Y aprovecho para aclarar que no hubo resolución complementaria. En la Corte Suprema se firmaron las dos en el mismo momento. Por un lado, una fórmula sacramental y por otro lado una resolución diciendo a los jueces que actúen.

–¿Qué es una fórmula sacramental?

–Como un sello. Una fórmula habitual para decir que un recurso no procede.

–¿Y cuál es el espíritu del mensaje al juez?

–Pongo un ejemplo práctico. Que el juez saque las fotocopias que deba sacar y que no se desentienda del expediente. Que no cierre ahora el expediente completo y lo mande para arriba.

–Que no dé innecesariamente vueltas buscando la segunda instancia.

–El mensaje podría leerse así: “Señor, no dé más vueltas y escriba la sentencia”. Por supuesto, llegar a esa sentencia es algo que debe hacerse respetando los términos procesales según el estado de la causa.

–¿Hay algún elemento a la vista para sacar la conclusión de que el Poder Judicial incurrió en denegación de justicia?

–No, de ninguna manera. Denegación de justicia no. Hay un retardo de justicia motivado por una maraña de excusaciones y recusaciones. El retardo no es denegación. Salvo que se prolongue indefinidamente. Ya hemos fallado en contra de la prolongación indefinida y también resolvimos pedir de manera concreta una aceleración del trámite, incluso aprovechando a fondo el horario.

–Los jueces suelen decir que no hay una legislación sobre el plazo de vigencia de una medida cautelar. La Corte, en mayo, dijo que una cautelar sin fin es como un fallo de fondo. ¿Sería conveniente para la Justicia que existiera una legislación sobre cautelares?

–Sería posible, en teoría, pero muy difícil. Las medidas cautelares rigen materias muy heterogéneas.

–Pero el criterio de la Corte es que la base de los fallos no sean las cautelares.

–No podemos tolerar que todo el Derecho se convierta en derecho cautelar. (...)".

Precisamente sobre la Corte Suprema escribió Joaquín Morales Solá, en el diario La Nación, columnista que mantiene un diálogo frecuente con un listado de ministros del colectivo que no incluye a Zaffaroni:

"(...) La Corte también cometió un error. Dosificó la información pública sobre dos resoluciones, tomadas el mismo día y en la misma reunión, que estaban íntimamente vinculadas. Primero, dio a conocer sus decisiones sobre los jueces de primera y de segunda instancia, y sólo al día siguiente divulgó el rechazo al pedido de Clarín. En rigor, la primera resolución conocida se interpretaba mejor con la segunda. Ambas forman parte de un mismo corpus jurídico. Nadie en la Corte pudo explicar qué sucedió.

La decisión más importante que tomó ese tribunal se deslizó en un párrafo, breve y conciso: si no hubiera decisiones de los jueces antes del 7-D se estaría frente a una situación de denegación de justicia. En otras palabras, es la propia Corte la que se colocó como garante de que habrá justicia. Buena o mala, pero habrá. Abrió también las puertas a su eventual intervención si los jueces inferiores se dejaran enredar por nuevas estrategias de dilaciones y de tardanzas.

El Gobierno comete otros actos implícitos de denegación de justicia. Escondió las resoluciones de la Afsca que regulaban el día después del 7-D. Derogó resoluciones anteriores, pero no informó con qué las reemplazó. Hasta el representante opositor en el directorio, Marcelo Stubrin, no pudo acceder a esas decisiones que se guardan como claves nucleares. Indefensión ante el Estado. Los supuestos perjudicados ignoran cómo será su vida cuando haya pasado el emblemático día. La perspectiva se agrava cuando la propiedad que está en juego son medios de comunicación, que requieren de la libertad para seguir siendo lo que son.

El cristinismo retoza en ese mar de arbitrariedades. El jueves, sus diputados aplaudieron en pleno recinto del cuerpo la decisión de la Cámara judicial norteamericana que colocó una cautelar sobre la medida del juez Thomas Griesa que beneficiaba a los fondos buitres. ¿Aplauso a una cautelar? ¿No era que las cautelares son pérfidas maniobras para demorar actos de estricta justicia? La Presidenta denunció el "colonialismo judicial" poco antes de que sus diputados aplaudieran a jueces norteamericanos. ¿Hay, acaso, un colonialismo bueno y otro malo? El célebre relato se parece ya a un trabalenguas. (...)".

Otros casos

“En tanto, el grupo Indalo (N. de la R.: Cristóbal López), que adquirió el control societario a Daniel Hadad de parte de las empresas que explotaban licencias de medios audiovisuales de manera condicionada a la aprobación de la AFSCA, propone transferir 2 licencias de FM en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la señal de UHF, a fin de quedar enmarcada en lo establecido en la Ley 26.522”, precisó el comunicado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación.

Eel grupo La Capital (Florencio Aldrey Iglesias, básicamente de Mar del Plata), el comunicado expresa: “Este grupo, encabezado por el empresario Aldrey Iglesias, titular de varias licencias de radio en la ciudad de Mar del Plata, entre otras, propone desprenderse de 2 emisoras de AM que se encuentran en incompatibilidad con la ley”. Además, prevé mantener su participación en la licencia de servicio de cable que opera en aquella ciudad en sociedad con Grupo Clarín.

El grupo Radiovisión Jujuy (en el que son directivos la mujer y un hijo del vicegobernador Guillermo Jenefes)“ha propuesto desprenderse de la licencia de UHF operativa en la ciudad de San Salvador de Jujuy”. A su vez, fue presentada ante la AFSCA “la documentación respecto de la situación de las licencias de radio que operan en la ciudad capital y las de Perico y General San Martín, indicando que se encontrarían dentro del marco de la ley”, añade el comunicado.

El grupo Ick, de Santiago del Estero, “ha propuesto una desvinculación societaria entre sus accionistas a fin de cumplimentar con lo establecido por la ley”. De este modo, Néstor Ick “reduciría su participación accionaria en la empresa de energía local a un porcentaje menor al 10%, tal como establece la ley, y transfiere su participación en la licencia de cable que opera en la ciudad de Santiago del Estero, quedando con el control de la licencia de CASTV, Canal 7, y una licencia de radio en la misma ciudad”.

“La participación en el cable (compartida con Supercanal) será transferida. Gustavo Ick se haría cargo del control mayoritario en la empresa de energía, dejando su participación en las licencias de servicios audiovisuales”, señala luego el escrito de la Afsca.

El comunicado es elocuente acerca de la situación: muchas transferencias simuladas son necesarias, si el cumplimiento de la legislación no fuese exclusivo para Grupo Clarín. No hay ni capitales ni empresarios ni negocios para todo lo que debería ir a la venta.

El juez Alfonso

Roberto Caballero es un kirchnerista feroz. En su rol de empleado de Sergio Szpolsky fue cofundador del diario Tiempo Argentino, que financian en gran parte todos los contribuyentes argentinos. Él opinó:

"Al juez Alfonso le cabe una responsabilidad mayúscula. ¿Podrá evitar una crisis institucional? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si fallara en contra del gobierno antes del 7D? ¿Existe ese margen o todo quedará para marzo? Lo dicho por la propia Corte en mayo, cuando afirmó que el reclamo de Clarín era patrimonial y que no existía amenaza a la libertad de expresión, parece jurisprudencia ineludible a tener muy en cuenta.

Pero también es cierto que la estrategia del grupo de Magnetto es acumular sentencias que avalen la supuesta "denegación de justicia" de la que serían víctimas, para luego recurrir a tribunales internacionales como la CIDH y acorralar al Estado Nacional. ¿Es una casualidad o una luz roja que la Corte haya hablado de esa posibilidad en su escrito? Difícil saberlo. Lo más probable es que sus miembros estén buscando saldar el pleito con un trámite irreprochable. Quizá sea simplemente un último aviso.

Una especie de alerta rojo al sistema subordinado para que actúe sin dilatar más lo que es obvio: la ley tiene legitimidad de origen, todos los plazos están vencidos, hay dos poderes del Estado –el Legislativo y el Ejecutivo– que ya se pronunciaron, y cualquier retraso va a ser leído, indefectiblemente, como una concesión a las corporaciones económicas, de las que el Poder Judicial también debe mostrarse independiente, tanto o más que de un gobierno revalidado por el voto popular.

En estas horas febriles, de indiscutible tensión, afloran las hipótesis más descabelladas. Si Alfonso dijera que los artículos son constitucionales, aceptando la jurisprudiencia de la Corte, sobrevendría una inmediata apelación de Clarín ante la Cámara y el pedido de per saltum del Ejecutivo sería fulminante. La Corte se vería, en el cortísimo plazo, compelida a resolver lo que evitó esta semana, derivando la presión hacia el enigmático Alfonso.

¿Y qué haría, entonces? ¿Acaso podría desdecirse de su fallo previo? No parece creíble. Salvo que el deseo que Fayt lanzó al aire de manera inesperada sea algo más que un deseo. Entonces los problemas serían mayores, como cuando Julio Cobos patentó un "no positivo" para cimentar su fallida candidatura presidencial, y tuvo que retornar más tarde, con la cabeza gacha, a la ingeniería civil. Pero pensar en eso, hoy, es de ciencia ficción de mala factura. (...)".

Periodistas

El mencionado Caballero ha sido muy mencionado en horas recientes porque fue uno de los periodistas incluídos en una demanda de Grupo Clarín, que no fue: luego se retiró a los periodistas de la denuncia. Acerca de todo ese tema escribió Jorge Fontevecchia en el bisemanario Diario Perfil:

"Ante la demanda de Clarín por incitación a la violencia a funcionarios y periodistas, habiendo soportado personalmente juicios de funcionarios y alguna condena, luego revertida gracias a la defensa de los abogados del CELS en la Corte Interamericana, lo más fácil sería integrarme al coro de quienes se oponen a cualquier judicialización del periodismo. Pero no pienso así.

Yo creo que los periodistas no podemos pedir inmunidad judicial. Creo que debemos ser responsables por lo que escribimos y decimos. Y aunque no sea con pena de cárcel, debemos correr el riesgo de algún castigo judicial razonable por lo que comunicamos. Lo creo por el bien del periodismo.

Porque si existiera una especie de fueros permanentes y absolutos que nos dieran privilegios que no tienen ni los jueces ni los gobernantes, aparecerían más personas, de las que aún ya aparecen, usando nuestra profesión para extorsionar y hasta a veces directamente cometer delitos bajo el amparo de la libertad de prensa.

Es evidente que surgen cada vez más personas que sin relación con el periodismo compran medios para usarlos con otros fines, y cada vez hay más infiltrados en el periodismo que, como una célula anómala, pretenden arruinarnos desde dentro con la colaboración activa de diferentes gobiernos. Por eso, es imprescindible exigirnos a nosotros mismos respetar procedimientos verificatorios de la consistencia de las informaciones en los que coincide la gran mayoría de los manuales de periodismo.

También me parece un extremo sostener que a un periodista no se lo pueda citar de testigo en una causa. En este punto la sobreactuación casi cómica de la Sociedad Interamericana de Prensa refleja el clima de pérdida de autoestima periodística. La SIP salió a decir que “aun como testigos los periodistas no pueden ser forzados a aportar ningún tipo de información en la Justicia” porque la Declaración de Chapultepec establece que “no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”. Es obvio que uno puede mantener en secreto su fuente pero igual ser un útil testigo.

Comparto con la mayoría de quienes esta semana alzaron la voz por el tema, que no se debe judicializar la opinión. La opinión y el debate son esenciales para la democracia. El periodista debe ser un cuestionador nato, un generador incesante de polémica, un problematizador de la realidad y no su naturalizador. Y es también válido que un periodista se pueda asumir como militante de la tarea de transformar la sociedad y no sólo describirla. Pero la implicación social no otorga impunidad para dar informaciones incorrectas o informaciones que no fueron debidamente verificadas como ciertas. Justamente, para que el conocimiento sea el instrumento de una praxis social emancipatoria debe ser verdadero.

Todos nos equivocamos. (...)".

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