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Corrupción se escribe con K

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Corrupción se escribe con K

Mensaje por Talisman el Lun Mayo 20, 2013 12:23 am

Si en el buscador de Google se escribe Corruptópolis, la búsqueda abundará en material (muchos videos) sobre Korruptópolis. O sea que ya se encuentra instalado en la memoria de la sociedad (la indexación de páginas web que realiza Google resulta precisamente eso), que corrupción se escribe con K. Cristina Fernández de Kirchner no hizo mucho por modificar esa percepción, más bien todo lo contrario, y sin duda le pesará muchísimo en un año electoral sin bonanza de la economía. El autor intentó darle contenido al modelo de expropiación de los ajeno a partir del uso del Estado.


"El modelo político argentino que se inició en 1983 pero que encontró un método anómalo pero estructural de funcionamiento a partir de los ‘90, parece encontrarse en una disyuntiva similar, cuando la corrupción que se fue agravando en las dos décadas, ahora coincide con una crisis económica en la que la ineficiencia y esa corrupción se hacen indistinguibles en tanto causantes del mal. Sin embargo, una diferencia significativa es que en Italia fueron los jueces coaligados con los medios y la opinión pública quienes iniciaron la revuelta que acabó con el sistema, mientras que en la Argentina es el Estado quien inició la guerra: primero, contra los medios; luego, contra la opinión pública; finalmente, contra los jueces que considera aliados de los otros dos actores. Es como que el cristinismo, consciente o inconscientemente, quisiera prevenir una situación similar a la que ocurrió en Italia, golpeando antes de que lo golpeen, en vez de atacar las causas de una posible reacción popular e institucional."


por CARLOS SALVADOR LA ROSA

CIUDAD DE MENDOZA (Los Andes). En la década de los '90 ejerció gran influencia intelectual en Europa el ensayista francés Alain Minc, quien analizó la crisis continental (previendo casi proféticamente, ya en esos años, el crac financiero de 2008), con especial referencia al caso italiano, el cual conocía de primera mano.

Minc llegó a la conclusión de que la democracia italiana -en gran medida por la corrupción e ineficiencia que se había apoderado de sus dirigentes políticos- fue socavada en sus prácticas partidarias e institucionales por lo que dio en llamar una nueva “santísima trinidad”.

La misma estaba compuesta por tres actores que, sin proponérselo, se unían para cuestionar la decadencia del sistema político. Ellos eran los jueces, los medios de comunicación y la opinión pública.

La confluencia de los tres fue construyendo un nueva configuración socio-política, que Alain Minc no defendía ni atacaba. Le atraía como hecho novedoso y como síntoma de la crisis, pero le preocupaba si ella pretendiera remplazar políticamente a los cuestionados, porque no la veía capaz de gobernar. Aún así, decía que su existencia era un hecho y que mal harían los políticos tradicionales en intentar atacarla. Lo que debían hacer era modificar drásticamente el sistema.

O sea, no se trataba de que los políticos entregaran el gobierno a los jueces, a los medios y a la opinión pública, sino entender que la rebelión de esos actores indicaba la crisis terminal de un sistema inviable, por lo que había que contenerlos en otra estructura capaz de procesar sus reclamos, mediante mediaciones políticas menos corruptas, más populares y más capacitadas para la gestión.

Lo que quería decir Minc es que sin una nueva política no volvería la vieja política, sino que surgiría la antipolítica.

A veinte años de ese lúcido análisis -generalizable en lo sustancial a otros países- los políticos argentinos están haciendo lo contrario de lo que Minc aconsejaba: salvar a como dé lugar a su clase política atacando a su propia “santísima trinidad”. En vez de renovar sus élites y alejarse de la corrupción y la ineficiencia, el Estado argentino decidió combatir a jueces, prensa y opinión pública, porque son testigos incómodos que les señalan sus inmensas fallas, y por eso hoy han devenido los tres grandes enemigos del poder político nacional.

Así, el escenario casi apocalíptico planteado por Minc en los ‘90 para Italia, se reproduce casi literalmente en la Argentina del siglo XXI, ilustrado por la colosal batalla entre una clase política atrapada por lazos crecientes de corrupción e incapacidad de gestión versus jueces, periodistas y una opinión pública movilizada en las calles contra el clima político reinante en los palacios del poder.

Una guerra que el Gobierno desencadenó pero que ahora, aunque quiera, no puede detener.

Guerra peligrosísima porque no se trata de una alternativa de gobierno versus otra, sino del conflicto entre una opción política en decadencia versus una resistencia civil, institucional y social que no busca remplazar al Gobierno sino que crece en indignación al no estar expresada políticamente por nadie, con lo que el riesgo de la antipolítica sigue latente.

El Gobierno nacional, que eligió insensatamente la opción de avanzar por todo cuando tenía la mayoría a su favor, ahora -mucho más golpeado- no puede dar marcha atrás porque enfrente de ir por todo ya no está el quedarse sin nada sino lisa y llanamente la cárcel o algo parecido para sus miembros más prominentes. Es que el modo estructural de corrupción que hizo funcionar al sistema hasta transformarlo en un gigante invertebrado, ya ha salido a la luz de un modo imposible de tapar.

Por eso -aunque pase por un momento de significativa debilidad- al no poder frenar el combate que él mismo inició, el cristinismo está forzando la máquina al extremo. Así, en los últimos días avanzó ferozmente para eliminar cualquier tipo de independencia de los jueces, para expropiar o intervenir a la prensa crítica y para blanquear a los principales responsables de la corrupción, a ver si los futuros combates que ya no podrá ganar en la opinión pública mediante el relato, los gana con Justicia adicta, prensa silenciada y blanqueo de ilícitos, que se parece más bien a un autoindulto.

Otra similitud impresionante entre el modelo político italiano que colapsó en los ‘90 del siglo XX y lo que ocurre en la Argentina de la segunda década del siglo XXI, es que el sistema no es puesto en cuestión por la sola existencia de la corrupción (que ya venía de mucho antes) sino cuando se combina esa corrupción con la ineficiencia económica.

Desde la posguerra hasta la década del '80, Italia armó una construcción pública frankensteiniana pero donde todos parecían estar más o menos conformes. La Democracia Cristiana con sus aliados detentaba el poder político nacional de modo permanente, pero la oposición comunista -con sus pocas provincias y muchos municipios- estaba contenta, aun sabiendo de su imposibilidad de ocupar el gobierno nacional, puesto que también participaba del festín. Los empresarios se enriquecían en connivencia con los políticos y la clase media -producto de dos grandes booms económicos- se dedicaba al consumo frenético en medio de una creciente libertad cultural.

Todos se sentían nuevos ricos y dilapidaban como tales, aunque las bases estructurales de tanto bienestar eran sumamente endebles. Hasta que llegó el día en que los empresarios, para poder integrarse a la comunidad europea, descubrieron que las gigantescas “coimas” con que retribuían a la clase política estaban deviniendo un colosal obstáculo para globalizarse y entonces, si bien no fueron ellos los que rompieron el pacto mafioso, éste les empezó a ser menos lucrativo.

Fue ése el momento en que una camada de jueces valientes acompañados por una serie de investigaciones periodísticas acerca de la corrupción pública, comenzaron a castigar mediática y jurídicamente a la clase política. Pero a medida que avanzaban en las imputaciones, descubrieron que nadie quedaba fuera de sus acusaciones, con lo que al poco tiempo los juicios por corrupción individualizados se convirtieron en un juicio generalizado a todas las prácticas políticas.

Descubrieron una complicidad sistemática de la que casi ninguna figura pública quedó excluida, ni del oficialismo ni de la oposición, ni política ni empresarial. Allí se sumó decididamente la opinión pública con su indignación, por lo cual todo terminó en una brutal implosión de las estructuras del poder, sin que existiera ningún remplazo posible ante tamaña debacle dirigencial. Así, la evidencia visible de la corrupción acompañada por el malestar provocado por la crisis económica, hizo saltar por los aires toda la construcción política italiana, luego de cuarenta años que parecían haberla consolidado definitivamente.

El modelo político argentino que se inició en 1983 pero que encontró un método anómalo pero estructural de funcionamiento a partir de los ‘90, parece encontrarse en una disyuntiva similar, cuando la corrupción que se fue agravando en las dos décadas, ahora coincide con una crisis económica en la que la ineficiencia y esa corrupción se hacen indistinguibles en tanto causantes del mal.

Sin embargo, una diferencia significativa es que en Italia fueron los jueces coaligados con los medios y la opinión pública quienes iniciaron la revuelta que acabó con el sistema, mientras que en la Argentina es el Estado quien inició la guerra: primero, contra los medios; luego, contra la opinión pública; finalmente, contra los jueces que considera aliados de los otros dos actores.

Es como que el cristinismo, consciente o inconscientemente, quisiera prevenir una situación similar a la que ocurrió en Italia, golpeando antes de que lo golpeen, en vez de atacar las causas de una posible reacción popular e institucional.

O sea, en Italia la “santísima trinidad” conformada por medios, opinión y jueces golpeó primero. Se unió en contra del Gobierno harto de sus felonías, pero sin que éste la desafiara previamente, mientras que en la Argentina el gobierno hace todo lo posible para pelearse con los tres actores, los cuales sólo tienden a unirse por las constantes provocaciones con que el gobierno los agrede día a día.

Caso raro, rarísimo, el de un gobierno que, más que enfrentarse con agresores pre-existentes, no cesa de inventar sus propios enemigos, como que no pudiera existir sin ellos, como que no tuviera nada que mostrar salvo la pelea por la pelea. Hasta que los enemigos inventados se hartan y le responden.

Caso raro, rarísimo el de un gobierno que, sin sufrir la división social entre dos mitades como ocurre, por ejemplo en Venezuela, se esfuerce por fabricarla. Se trata del mismo gobierno que aún habiendo sacado hace poco más de un año el 54% de los votos (incluyendo la simpatía o tolerancia de, por lo menos, la mitad de los que no lo votaron), se ocupó decidida e inexplicablemente por lograr la antipatía de amplios sectores de la opinión pública que le dieron su apoyo, a la vez que enerva a una Justicia que poco había hecho hasta ahora en contra suya, mientras prosigue una irracional lucha contra cualquier prensa que no sea oficialista o paraoficialista, caratulando a la menor crítica como enemiga fatal de la razón de Estado.

Así, en Venezuela, la división social precedió al chavismo, el cual sólo la usó a su favor. Acá, en cambio, el gobierno hace esfuerzos denodados para gestar una división social que no existía antes de él.

Del mismo modo, en Italia la “santísima trinidad” conformada por medios, opinión y jueces se unió en contra del gobierno sin que éste la provocara explícitamente, mientras que en la Argentina el gobierno hace todo lo posible para pelearse con los tres actores, los cuales sólo tienden a unirse por las constantes provocaciones con que los agreden.

Sintetizando: en Venezuela o Italia los problemas estaban desde antes, mientras que en la Argentina se los inventó el gobierno cuando decidió que tener casi todo no le alcanzaba y que entonces había que ir por todo y aún más. Algo incomprensible, pero ahora también imparable en sus efectos.

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