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Poder impune

Mensaje por Talisman el Mar Abr 16, 2013 10:55 pm

La así llamada “democratización de la Justicia” no es más que otro paso en su objetivo hacia el “vamos por todo” que puso en marcha la Presidenta no bien comenzó su segundo mandato. Este proceso –que no es otra cosa que un embate contra los jueces independientes– es emblemático del ADN del kirchnerismo. Estas acciones son siempre la consecuencia de circunstancias en las que el oficialismo se enfrenta a una adversidad que es contraria a sus proyectos de lograr la suma de los poderes públicos. El ejemplo más relevante es el de la Ley de Medios, cuya génesis estuvo en el conflicto entre el Gobierno y el campo por la 125. Este proceso al que asistimos por estos días es el producto de la frustración sufrida por el Gobierno el 7 de diciembre del año pasado, cuando se vio impedido por la Justicia de avanzar en su intención de destruir al Grupo Clarín.


Por Nelson Castro

Al igual que hizo con la Ley de Medios, en este caso el kirchnerismo enmascara sus reales intenciones con una hojarasca que, como tal, no es más que letra muerta. En la Ley de Medios, el propósito supuesto que se repetía a modo de eslogan era “más voces y más pluralidad”. Los hechos se encargaron de demostrar que ese eslogan no tenía nada que ver con lo que el Gobierno quería, que era –y es– “más medios oficialistas” para que haya cada vez menos lugar para las voces críticas e independientes.

Con este proyecto de “democratización de la Justicia” pasa lo mismo. Así, el kirchnerismo termina erigiéndose en una réplica del menemismo. Aquí hay que recordar que una de las primeras medidas que tomó Carlos Menem tras haber asumido la Presidencia por primera vez, fue la de aumentar el número de miembros de la Corte Suprema con el objeto de lograr la famosa “mayoría automática”. El proyecto de aumento del número de miembros del Consejo de la Magistratura es asimilable al aumento del número de miembros de la Corte con que Menem aseguró aquella “mayoría automática” que le dio vía libre a todos sus proyectos y que, fundamentalmente, dio cobertura y garantizó la impunidad de todos y cada uno de los hechos de corrupción de su gobierno. El fenómeno se repite a la manera de un calco. He ahí los casos del escandaloso enriquecimiento de la familia presidencial y el de la ex Ciccone, que compromete cada vez más seriamente a Amado Boudou. Además, con la modificación del sistema de remoción de los magistrados, para la que será suficiente una mayoría simple y no especial como es hasta ahora, su estabilidad se verá seriamente afectada. La ecuación habrá de ser muy simple: los jueces que osen contradecir la voluntad del Poder Ejecutivo podrán ser removidos de sus cargos de la noche a la mañana. Habrá estabilidad sólo para aquellos que digan amén a todas y cada uno de los abusos del Gobierno. Por si ello fuera poco, el método de elección de los candidatos, que estará ligado a la elección general, cierra cualquier posibilidad a la oposición de actuar en forma mancomunada a los fines de poder equilibrar la situación dominante que le da al oficialismo el uso de todos los recursos del Estado para imponer su voluntad.

El proyecto de “democratización de la Justicia” pone a la ciudadanía, además, en un pie de notable desigualdad y desprotección frente a las arbitrariedades del Estado. Hay un ejemplo que ilustra, el de los jubilados. Si hasta ahora el Gobierno no ha dudado en deso-bedecer fallos contundentes, confirmados en todas sus instancias, que reconocieron la legitimidad del reclamo por reajuste de haberes hechos por miles de ellos, ¡cuánto peor serán las cosas en el futuro de prosperar con esos y otros reclamos!
La Justicia es un factor de contrapoder. Ser un contrapoder no equivale a ser oposición. Ser un contrapoder significa controlar que en el ejercicio de sus funciones los otros dos poderes del Estado –el Ejecutivo y el Legislativo– lo hagan con observancia absoluta de la Constitución. Es esa tarea de control de constitucionalidad la que ha perturbado profundamente a la Presidenta. Es que la Constitución, que juró observar y hacer observar, representa hoy el principal escollo para la concreción de su anhelado sueño de permanencia eterna en el poder.

En el famoso discurso de junio de 2003, en el que Néstor Kirchner dio el puntapié inicial para la renovación de la Corte Suprema menemista, la crítica fundamental fue a la estructura de “mayoría automática” con que funcionaba el organismo. En aras de una mejor justicia, el entonces presidente abogó por la necesidad de conformar una Corte prestigiada por la calidad de sus integrantes y por su independencia de su gobierno y de los que vinieren. Esa postura gubernamental ya no corre más. Ahora lo que se busca es debilitar a la Corte lo más posible.

En 2006, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner impulsó e impuso el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura consistente en la reducción del número de sus miembros. La razón para tal modificación era la de hacerlo más independiente de los otros poderes. Eso tampoco va más.

Así es el kirchnerismo: lo que hoy es bueno mañana es malo y viceversa; su relativismo moral no tiene límites. El fin justifica el uso de cualquier medio. Lo único importante es el ejercicio impune del poder.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.
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