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En la semana del #18A, una conclusión: Hay que ponerle un límite

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En la semana del #18A, una conclusión: Hay que ponerle un límite

Mensaje por Talisman el Dom Abr 14, 2013 10:25 pm

Son escasos los consensos que obtiene el proyecto de reforma judicial que impulsa el Ejecutivo Nacional, aprovechando el bloque legislativo mayoritario del Frente para la Victoria, consecuencia del triunfo 2011, que apeló a generar culpas en la sociedad por la muerte de Néstor Kirchner. Pero una reforma judicial sin consensos carece de futuro... a menos que el paso siguiente sea borrar la democracia representativa o alterarla hasta que pierda su substancia...


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). No es un tema para abogados, exclusivamente. Es un tema de todos porque afecta al ejercicio cotidiano de los derechos y obligaciones. A Cristina Fernández de Kirchner le conviene que quede como un tema de magistrados. A los opositores a la reforma les convendría involucrar a todos, a Doña Rosa y a Don José. Intentando colaborar con la interpretación de lo que está pasando y lo que vendrá, algunos recortes dominicales:

Hugo E. Grimaldi en el diario La Gaceta, de San Miguel de Tucumán:

"(...) Los miles y miles de juicios de jubilados que creen que el Estado los ha perjudicado a través de los años, muchos de ellos con sentencias de ajuste que la Anses (el Estado), en franca rebelión, no atiende, pese a haber perdido los juicios y aun a requerimiento de la Corte Suprema, son una referencia muy sencilla para entender que no es verdad que los más necesitados no pleitean.

Un segundo dato obligado surge de la gran cantidad de recursos de amparo que presentaron los gremios, en nombre de sus afiliados, contra la flexibilidad laboral, la famosa "Ley Banelco", que en los años '90 avasallaba conquistas y avanzaba contra la sindicalización.

Por supuesto, que hay que recordar también el "corralito" que implantó el mismo Estado, aunque con otros ejecutores transitorios a cargo de la cosa pública, situación traumática que, de no haber mediado la Justicia, hubiese dejado a muchos más ahorristas en el camino. Igualmente, la omnipotencia estatal hizo quitas, entregó bonos y terminó descapitalizando a mucha gente.

Según Cristina, "cuando la medida es de neto corte patrimonial, cuando el Estado podría estar cometiendo, digamos, algo que perjudique económicamente a un tercero, no procede una medida cautelar porque, en definitiva, luego ese particular hará un juicio y ganará y le pagarán la indemnización por todos los daños que el Estado... (le ha producido)".

En esta afirmación está el nudo de lo amañado del concepto. Las medidas cautelares operan para que, sin tener que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, los jueces congelen la situación para que todo siga igual hasta que se llegue a un fallo definitivo. En el mientras tanto, los privados que han planteado una acción contra el Estado por temas patrimoniales pueden seguir con sus tareas diarias, con la marcha de sus negocios o manteniendo los bienes que se les quiere confiscar.

Pero, además, ahora se le agrega un escalón que le sumará más plazo al proceso, las nuevas Cámaras de Casación. Aunque suene tétrico, hay prevista una de Trabajo y Seguridad Social que puede llegar a demorar un par de años más los juicios de los jubilados, un excelente tapón legal para darle más tiempo a la gente para morirse.

Como se ve, todo lo que está sucediendo en la Argentina en materia judicial no es algo propio "de abogados", sino que es una cosa de todos los días que atañe a todo el mundo y no importa de qué condición social sea el perjudicado. El facilismo presidencial de subestimar a la sociedad al reducir tan delicada situación a una frase más o menos ingeniosa conspira contra la gravedad que merece la discusión del tema, porque la Justicia y la protección de derechos que implica su correcto funcionamiento en tiempo y forma es algo de todos los días. (...)".


Adrián Ventura en el diario La Nación:

"Los jueces federales de todo el país preparan varios documentos para denunciar públicamente esta semana que el Poder Ejecutivo intenta "vaciar de poder" a la Justicia , y para defender a la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial.

Los pronunciamientos, que son conocidos por la Corte Suprema de Justicia, son elaborados por la Junta de Presidentes de Cámaras Federales, que dirige el camarista Gustavo Hornos, y por la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que conduce el camarista Luis Cabral, y se darán a conocer entre mañana y el miércoles.

Ambos textos concentrarán sus críticas en los mismos puntos: que el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura menoscaba la independencia judicial y vacía a la Corte Suprema de su poder de administración y dirección, y que establece un sistema de remoción de jueces que deja a los magistrados en una situación de extrema debilidad.

(...) "Me preocupa que se afecte la independencia judicial", coincidió Hornos, quien convocó a una asamblea de todos los presidentes de cámaras federales que se juntarán mañana en esta ciudad.

Los dirigentes de la Asociación y de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales, que esta semana conversaron en varias oportunidades con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y los demás ministros del alto tribunal, decidieron que "algo hay que hacer" para defender al alto tribunal y a toda la Justicia frente al avance del Poder Ejecutivo.

LA NACION también pudo saber que el máximo tribunal prepara un escrito, que ya está circulando entre los ministros, y del que algunos pocos jueces también están enterados.

Esta tarea es consecuencia de la reunión extraordinaria que realizaron el jueves último para evaluar el impacto de las reformas propuestas.

Claro que los integrantes de la Corte, igual que los jueces inferiores, enfrentan limitaciones para pronunciarse, porque después podrían ser recusados cuando les tocara pronunciarse sobre alguna demanda de inconstitucionalidad que pudiera presentarse contra la reforma. (...)".


José Eliaschev en el diario platense El Día:

"(...) Casi medio siglo después, la Argentina vuelve a las andadas en contra del Estado de Derecho. Lo grave es que ahora lo que un régimen militar intentó tras suprimir las garantías constitucionales, será puesto en vigencia por una administración civil de origen electoral. “Para quienes crean que este desastre no los afecta, una pésima noticia: con una Justicia dominada, cualquier gobierno hará lo que quiera, cualquier cosa será posible porque no habrá juez que se atreva a desafiar o a aplicarle la ley al Supremo para defender a la gente” advirtió Alejandro Fargosi, integrante del actual Consejo de la Magistratura.

La limitación brutal de las medidas cautelares de amparo es una de las dos herramientas más letales de la llamada “reforma judicial” descerrajada por Cristina. La otra es la conversión del Consejo de la Magistratura en una corporación política partidaria y la cancelación de todas las facultades administrativas de la Corte Suprema. Si la ley kirchnerista fuese promulgada, pasarían a manos del Consejo “popular” de la Magistratura todas las chequeras. Ese Consejo de la Magistratura ampliado con la elección política consejeros reclutados en listas partidarias tiene un solo destino, una virulenta politización del organismo.

Si bien el artículo 114 de la Constitución Nacional de 1994 subraya el “equilibrio” que debe tener el Consejo de la Magistratura entre los tres ámbitos principales que lo integran (legisladores, jueces y abogados), ahora el cristinismo quiere que sea configurado con seis “académicos y científicos”, cuando ahora hay sólo uno, o sea la misma cantidad de legisladores (oficialistas y opositores), el doble de los representantes de jueces y abogados. En resumidas cuentas: seis congresistas y seis “consejeros populares”, contra apenas seis juristas. La Casa Rosada quiere sumar seis nuevos consejeros a los 13 actuales, para llegar a 19, con lo cual el Gobierno alcanzaría fácilmente la mayoría dentro del cuerpo: los seis “académicos” incorporados se sumarán a la lista de los partidos políticos. De este modo, con dos senadores y dos diputados oficialistas, más el representante del Ejecutivo, Cristina dispondría de 11 de los 19 integrantes.

Estas dos palancas alcanzan y sobran, el resto es irrelevante, maquillaje y nada más. Pero el objetivo oficial es inconfundible: es imposible negar que el Gobierno desoye, cuestiona y estigmatiza la división de poderes ordenada por la Constitución que los propios Néstor y Cristina Kirchner votaron en 1994. Aun cuando el Gobierno ahora desempolva una ley de la dictadura militar de 1966-1973 que pulverizaba de hecho una institución democrática tan esencial como las medidas cautelares de amparo judicial, los voceros oficiales pretenden equiparar a la Justicia actual con la dictadura implantada en 1976. (...)".



Eugenio Paillet en el diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca:

"(...) Resultó lamentable la presencia en ese "debate" de los senadores Samuel Cabancich y Sonia Escudero, bajo el argumento ciertamente primario de que "algunos proyectos son interesantes". Es más que obvio que la batería de leyes enviadas por la presidenta tiene dos o tres tramos con los que resulta difícil no estar de acuerdo. Quién puede criticar, por ejemplo, que se abra el sistema de ingresos a la Justicia a cualquier ciudadano de a pie y no como hasta ahora, por lo general a parientes de jueces y abogados, como ocurre en el 90 por ciento de los casos. Pero no es menos cierto que se trata de proyectos que en verdad tienen el cometido de hacer de cortina de humo para el verdadero corazón de la "reforma", como es quedarse con la mayoría en el Consejo de la Magistratura, crear nuevas Cámaras de Casación y nombrar camaristas amigos del poder, o terminar con las medidas cautelares que no le gustan al gobierno y que en el fondo a los únicos a los que perjudicará será a los ciudadanos comunes que litigan contra el Estado. Cabancich y Escudero, en el menos malévolo de los pensamientos, se comieron el amague. (...)

Queda la impresión detrás de esta embestida del cristinismo para romper con el sistema republicano que consagra la Constitución que hay una realidad que se esconde detrás de esa jugada. En su interior, el gobierno está nervioso porque decididamente no le encuentra la vuelta a las elecciones legislativas de octubre. Ese bosque detrás del árbol encierra preocupaciones no zanjadas y que por algún costado tienen explicación en alguno de los proyectos enviados al Congreso. Se sabe: la utopía de conseguir un triunfo rotundo en esos comicios que le permita obtener los dos tercios para ir por la reforma constitucional y la re-reelección se ha agigantado en todas las encuestas.

Por eso, cual manotazo de ahogado, ahora el gobierno le apuesta todo a la lista de candidatos a integrantes del Consejo de la Magistratura, que ira pegada al final de la boleta con la nómina de los aspirantes al Parlamento y otros cargos. De allí que surgieron alquimias varias como las de colocar a la cabeza de los candidatos a consejeros del oficialismo a Carlos Zanini. O una anterior y desechada rápidamente por estrafalaria para que la propia presidenta encabece esa nómina en octubre. La idea, más bien pobre, es que un apellido ilustre a la derecha de la sábana de ofertas podría "arrastrar votos" hacia los candidatos oficiales a nivel nacional. Pero que en el caso de la estratégica provincia de Buenos Aires tendría el propósito de acercarle algunos sufragios al candidato del cristinismo. Que no será Alicia Kirchner, que podría ser Sergio Berni, y ahora en dato de última hora producto de un estado de creciente desesperación probablemente el vicegobernador Gabriel Mariotto. (...)."


Joaquín Morales Sola en el diario La Nación:

"(...) La culminación del revolucionario proyecto cristinista, que cambiaría definitivamente el sistema político y de libertades, deberá superar tres etapas. La primera será la aprobación en el Congreso. Teóricamente el Gobierno cuenta con la mayoría necesaria. Sin embargo, comienzan a aparecer tímidamente algunas vacilaciones de peronistas. Varios diputados se resisten a tener que explicar luego, de nuevo, que el peronismo es democrático. Otros, más prácticos, escuchan a sindicalistas o a intendentes de su partido: éstos creen que después se subirán al patíbulo. Luego, la opción no será entre el poder o el llano, sino entre el poder o la cárcel, dijo uno de los más nombrados intendentes del conurbano.

La posición final de varios peronistas dependerá, en gran medida, de la reacción social de una sociedad que -todo hay que decirlo- ha desertado con insistencia en los últimos tiempos de sus obligaciones morales y cívicas. Oficialistas y opositores esperan con ansiedad las manifestaciones sociales convocadas para el próximo jueves; es probable que, por primera vez, todos los dirigentes opositores participen de esas marchas. La semana que se inicia será de una intensa movilización opositora. Diputados harán sesiones paralelas a las de las comisiones del Congreso que controla el cristinismo. Habrá actos conjuntos de casi toda la oposición. La historia nos juzgará tanto como a Cristina, dijo un líder opositor.

La segunda etapa será la judicial, si es que esos proyectos se aprobaran. Hay un consenso judicial sobre la inconstitucionalidad de esas medidas, pero el grueso de la reforma irá al fuero Contencioso Administrativo; gran parte de él está ya colonizado por el cristinismo. La Corte Suprema tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad, pero el conflicto llegará a ella forzosamente después de las primarias abiertas y obligatorias de agosto, cuando se decidiría la futura conformación del Consejo de la Magistratura.

La última fase del proceso, si fracasara todo el resto, serán esos comicios de agosto. Gran parte de la oposición tiene la decisión tomada de acordar una misma lista de consejeros, que, de esa manera, podría derrotar a la del oficialismo. Ésa es la definitiva decisión política. Irán juntos. Falta todavía la forma jurídica de encauzar tal vocación, entorpecida de manera brutal por el cristinismo con modificaciones de último momento a su proyecto original.

¿Qué será de la Presidenta si la aguardara una derrota? Cristina ha vuelto a jugar a todo o nada. El país está otra vez extremadamente estresado. Pero la función primaria de todo gobierno, asegurarle a su pueblo progreso y tranquilidad, no existió nunca en la noción de una estirpe desmesurada."


Eduardo van der Kooy en el diario Clarín:

"(...) El esquema de una Justicia mayoritariamente sometida sería propicia para el Gobierno también en la hipótesis de una irremediable retirada. A la Presidenta y al cristinismo, luego de las legislativas, le quedarán dos años de poder. Si fracasaran con la continuidad, deberían contar con ciertos resguardos. Se acumulan en los Tribunales las causas de corrupción contra funcionarios y ex.

Hay 27 de ellos implicados, pero las palmas corresponden a Amado Boudou: el vicepresidente posee 12 causas abiertas.

Ninguna progresa seriamente, con excepción de la que involucra a la ex ministra Felisa Miceli por un puñado de dólares encontrado en su baño. Ese dique podría romperse si al cristinismo se le nublara el horizonte del 2015. La necesidad de la defensa explicaría el desembarco masivo que hizo La Cámpora en el Ministerio de Justicia. También, la participación que tuvo en la elaboración de la controvertida reforma. No fue casual que en el Senado, el principal orador haya sido el camporista Julián Alvarez, por encima del ministro Julio Alak. El secretario de Justicia no escapó a la desmesura general: proclamó una reforma para 100 años que el Gobierno piensa liquidar en apenas tres semanas. Alvarez estuvo ladeado por otros militantes de la agrupación y monitoreado por el diputado Eduardo De Pedro.

Es probable que, en su embestida ciega, el Gobierno no se haya percatado de algo: ha vuelto a ofrendarle a la oposición una razón convocante de unidad.

Lo había hecho el año pasado cuando empezó a menear a modo de prueba la re-re. Pero ahora hay por delante una campaña y dos votaciones (agosto y octubre) que podrían terminar desbarajustando la estrategia cristinista. (...)".

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