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PRÓXIMA ACCIÓN PENAL CONTRA CAPITANICH POR NO ACTUALIZAR EL MÍNIMO NO IMPONIBLE

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PRÓXIMA ACCIÓN PENAL CONTRA CAPITANICH POR NO ACTUALIZAR EL MÍNIMO NO IMPONIBLE

Mensaje por Talisman el Mar Sep 02, 2014 11:15 pm

Si bien Sergio Massa no llegó a concretar con el diputado nacional Mario Roberti, secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, la iniciativa del contador Guillermo LoCane acerca de la endeblez judicial de la no actualización del Impuesto a las Ganancias aplicado a los salarios, en Córdoba la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba (SEP), la Asociación del Personal Superior de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (APSE), el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de Córdoba (SUOEM), el Sindicato Regional de Luz y Fuerza, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) han logrado una notable victoria judicial que llevó el tema ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Nación no sólo percibe un tributo que es doble imposición sino que es ilegal que no lo actualice en tiempo y forma. El debate es muy oportuno porque ayuda a comprender la necesidad de cambios profundos en la estructura de Administración del Estado, e impedir que el Legislativo siga transfiriendo responsabilidades al Ejecutivo (de paso ¡cuánto hace falta un Defensor del Contribuyente! Mucha demora de parte de los colegios profesionales de Ciencias Económicas en concretar el reclamo y buscar los avales políticos correspondientes. Eso se llama impericia.)


Jorge Capitanich en la picota. "En 2014 hubo aumentos salariales por paritarias, que en casi todas las actividades ya están vigentes. Pero no se aumentaron las deducciones del artículo 23 como ordena la ley 26.731. Esto es facultad y obligación del Poder Ejecutivo en la persona de quien ejerce la conducción administrativa del gobierno: El jefe de Gabinete. Pero, según reiteradas declaraciones del funcionario, no está en sus planes hacerlo. Públicamente reconoce el incumplimiento de su deber en perjuicio directo de los contribuyentes, en una clara manifestación de abuso de autoridad. Es un perjuicio que viene dado por las retenciones que los empleadores están efectuando en este año, en base a parámetros establecidos el año pasado por el mencionado decreto, lo cual, por desactualización de sus montos, provoca que esas retenciones resulten excesivas (abusivas) y lleven a que "la carga tributaria del gravamen neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumidas", que es lo que, justamente, el Congreso le encomendó evitar al PEN con aquella ley del 2011."

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El contador público Guillermo LoCane lo había escrito tiempo atrás en Urgente24:
 
"A fines del año 2011 el Poder Ejecutivo recibió del Congreso una facultad que le pertenece a éste en exclusiva por ser una cuestión tributaria: Incrementar el mínimo no imponible (MNI) a fin de evitar “que la carga tributaria neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumidas”. Desde ese entonces, el gobierno ha hecho uso de ella en forma tendenciosa y oportunista. A favor de la recaudación y en detrimento del derecho de los contribuyentes a pagar en base a una capacidad contributiva cierta y equitativa. En la práctica fue como poner al zorro cuidando el gallinero. 
 
La delegación, que de por sí ya es irregular, se torna particularmente grave, pues al no emprender el Poder Ejecutivo acciones efectivas que protejan de mayores impuestos a todos los beneficiarios de aumentos salariales obtenidos en paritarias, o llevarlas a cabo en forma parcial o extemporánea, se configura una sofisticada forma de abuso de poder a través del incumplimiento del mandato delegado. Y esto afecta derechos que los contribuyentes tienen y la Constitución protege. Lo que, por supuesto, genera quejas y protestas que consuetudinariamente son desoídas. También genera dudas:
 
¿Tienen los empleadores o sus representantes que firman los recibos de sueldo, algún tipo de responsabilidad legal por efectuar retenciones impositivas en base a normas cuestionadas por los beneficiarios de esas remuneraciones?
 
¿Ejercerán los trabajadores afectados (con el apoyo de, o a través de, sus organizaciones sindicales) el derecho de dirigirse a sus empleadores, intimándolos  a que se abstengan de efectuar retenciones de impuestos a la ganancias, visto el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de lo establecido por la ley 26.731?
 
¿En caso de hacerlo, estaremos ante una multitudinaria acción colectiva de rebelión fiscal, con los alcances sociales similares a los que originó la Resolución 125 del Ministerio de Economía en el año 2008?
 
Antecedentes de años recientes exponen una predisposición negativa del Poder Ejecutivo hacia el MNI y el derecho que éste representa. Nada menos que el derecho que tienen todos los contribuyentes de pagar el impuesto a las ganancias en base a un cálculo que contemple deducciones que reflejen acabadamente el costo de vida familiar y se liquide aplicando una tabla con escalas actualizadas. O sea, pagar en base a capacidad contributiva.
 
En el año 2008, se modificaron los valores del artículo 23° de la ley del Impuesto, recién en el mes de septiembre. En 2009, pese a que hubo ajustes salariales por convenciones colectivas, no hubo aumento del MNI. En 2010, se elevaron los importes del MNI un 20% recién en el mes de julio, pero se pusieron trabas y demoras a la devolución inmediata de lo retenido en exceso.
 
En abril de 2011, cuando los aumentos salariales promediaron un 30% en la mayoría de las ramas de la economía, se otorgó un incremento de MNI del 20%.
 
En el año 2012, no hubo correcciones (salvo eximir las segunda cuota del aguinaldo). (...)"
 
Ahora, el diario El Cronista Comercial informó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá atender el reclamo de un conjunto de sindicatos para modificar el cálculo del impuesto a las Ganancias, luego de que la Cámara Federal de Córdoba declarara ‘admisible‘ el recurso presentado por los gremios, con los votos de los jueces José Pérez Villalobo, Luis Rueda y Abel Sánchez Torres.
   
El recurso fue presentado por el abogado Miguel Julio Rodríguez Villafañe, en contra del fallo de la Cámara que había rechazado el amparo elevado por gremios locales para modificar el cálculo del Impuesto a las Ganancias.
   
En su presentación, Rodríguez Villafañe planteó la desactualización no solo del mínimo no imponible sino también de las escalas y señaló al respecto que hay valores que "llevan más de 14 años sin reajustarse respecto de la inflación que ha existido en ese tiempo”.
   
En cuanto al mínimo no imponible, fijado en $15.000 mensuales desde agosto de 2013, el letrado señaló que las actualización de los últimos años se establecieron "sin criterios objetivos e incumpliendo lo dispuesto por la ley, en particular, respecto de lo fijado por el artículo 4 de la Ley 26.731, que dice que ’el Poder Ejecutivo adecuará los valores del impuesto, en orden de evitar que la carga tributaria del citado gravamen neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumidas'."
   
La Cámara fundamentó su declaración de admisibilidad del recurso en que "la cuestión planteada excede el interés de las partes abarcando el de toda una comunidad”.
   
Los gremios que presentaron el reclamo son la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba (SEP), la Asociación del Personal Superior de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (APSE), el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de Córdoba (SUOEM), el Sindicato Regional de Luz y Fuerza, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ)
 
Ahora habría que ir a una nota que publicó LoCane en el diario Clarín, que hace referencia a la grave responsabilidad que tiene el jefe de Gabinete de Ministros a causa de que es el beneficiario de la cesión de facultades del Legislativo al Ejecutivo. Ese rol lo ocupa Jorge Capitanich, alias "Coqui" aunque en la CGT Azopardo le llaman "Quico", personaje del Chavo del Ocho:
 
"La combinación de situaciones y disposiciones acumuladas en torno al impuesto a las ganancias, lleva a la paradojal situación en la que el Jefe de Gabinete reconoce públicamente su intención de incumplir una obligación que el Congreso le impuso a Poder Ejecutivo en diciembre de 2011.
 
La ley del impuesto a las ganancias establece, desde siempre, en su artículo 23 el monto de las deducciones y el mínimo no imponible para las personas físicas. Su modificación requiere obviamente otra ley, con el moroso trámite que ello conlleva.
 
Con el objetivo de lograr mayor presteza y agilidad, el Congreso le otorgó al gobierno una facultad extraordinaria y le impuso una obligación: "Incrementar los montos previstos en el artículo 23° de la Ley de Impuesto a las Ganancias en orden a evitar que la carga tributaria del citado gravamen neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumidas" (ley 26.731, art. 4°, textual).
 
En 2013, el decreto N°1.242 del PEN,  en cumplimiento de esa obligación, segmentó a los contribuyentes del impuesto a las ganancias en tres grupos. Por el juego de su redacción, prácticamente eximió del impuesto al primer grupo (el de menores ingresos relativos) y concedió un aumento a las deducciones aplicables al segundo grupo (el de ingresos intermedios). El tercer grupo (ingresos brutos mensuales de $25.000 y más) no obtuvo correcciones. Con esos parámetros se efectuaron las retenciones y liquidaciones del año 2013.
 
En 2014 hubo aumentos salariales por paritarias, que en casi todas las actividades ya están vigentes. Pero no se aumentaron las deducciones del artículo 23 como ordena la ley 26.731. Esto es facultad y obligación del Poder Ejecutivo en la persona de quien ejerce la conducción administrativa del gobierno: El jefe de Gabinete.
 
Pero, según reiteradas declaraciones del funcionario, no está en sus planes hacerlo. Públicamente reconoce el incumplimiento de su deber en perjuicio directo de los contribuyentes, en una clara manifestación de abuso de autoridad.
 
Es un perjuicio que viene dado por las retenciones que los empleadores están efectuando en este año, en base a parámetros establecidos el año pasado por el mencionado decreto, lo cual, por desactualización de sus montos, provoca que esas retenciones resulten excesivas (abusivas) y lleven a que "la carga tributaria del gravamen neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumidas", que es lo que, justamente, el Congreso le encomendó evitar al PEN con aquella ley del 2011.
 
Esta retención en exceso significa un avasallamiento por abuso de poder, sobre los trabajadores, que ven disminuidos sus ingresos sin tener, prácticamente, recurso de defensa frente al Estado que, por así decirlo, se introduce en sus bolsillos y toma de sus remuneraciones una porción tributaria mayor a la que correspondería."
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