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Ley antiterrorista: El Gobierno se echó atrás con Donnelly antes de la cita en Diputados

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Ley antiterrorista: El Gobierno se echó atrás con Donnelly antes de la cita en Diputados

Mensaje por Talisman el Mar Ago 19, 2014 11:13 pm

Cuando la oposición se disponía a avanzar en su intento por derogar, en la Comisión de Legislación Penal de Diputados, la ley antiterrorista por la que el Gobierno buscaba sancionar a la empresa Donnelley, de capital norteamericano, que se declaró en quiebra y despidió a 400 trabajadores, tal como lo anunció Cristina Fernández, Alejandro Vanoli salió a negarlo todo: "Hubo una confusión".


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La llamada "ley de abastecimiento", sumado al nuevo proyecto de ley de hidrocarburos y la aplicación, por primera vez, de la ley antiterrorista para castigar la quiebra de una empresa, la imprenta Donnelley, no solo pusieron en estado de alerta máxima a la oposición, sino que además encendieron luces amarillas en el tablero del oficialismo, inquieto por primera vez por su tambaleante mayoría legislativa.
 
Será por eso que esta mañana, el Gobierno anunció vía Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores, que "hubo una confusión", para aclarar que no aplicarán la ley antiterrorista a la mencionada imprenta.
 
Aunque, cabe recordar que, el anuncio lo había hecho la propia Cristina Fernández en pleno acto. La mandataria informó que se presentaría una denuncia por "alteración al orden económico y financiero" contra la multinacional de la industria gráfica.
 
"Estamos ante un verdadero caso de un manejo fraudulento e intento de atemorizar a la población", dijo Cristina, en un acto donde vinculó a la empresa con una "mafia internacional" encabezada por los holdouts que ganaron el "juicio del siglo" contra la Argentina, y por el cual el país está obligado a pagar US$1.600 millones en concepto de bonos de deuda.
 
Según la máxima autoridad del mercado bursátil, la denuncia que instrumentará la AFIP es por "quiebra fraudulenta", y que, de determinarse esa irregularidad, ello podría derivar en la aplicación de "la ley de delitos económicos", una norma que penaliza la actividad económica y financiera.
 
"No tiene nada que ver con ley de financiamiento del terrorismo", aclaró Vanoli en diálogo con radio 'Del Plata'.
 
Como sea, la presidenta de Legislación Penal, Patricia Bullrich (Unión PRO) plantó la cita para las 15:00 con el objetivo de discutir la "derogación de la Ley 26.734, modificación al Código Penal sobre prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista". 
 
"Cuando comience el debate, confío en que el oficialismo se sumará. Si no, a la media hora podemos comenzar con quórum de un tercio de los integrantes. Como ya discutimos el tema en otra reunión de comisión, vamos a sacar dictamen", dijo Patricia Bullrich. 
 
El cuerpo, si bien es presidido por la oposición, tiene mayoría oficialista. No obstante, la jefa de la comisión hará el intento.
 
"Es una ley abusiva y discrecional, una herramienta para perseguir trabajadores, periodistas (como el caso de Pablo Suárez, de Santiago del Estero) y ahora usada como pantalla para evitar discutir los graves problemas económicos que tiene el país y querer endilgarlos a una empresa que, si cometió una quiebra fraudulenta, deberá ser condenada por ello en el marco de la ley vigente", dijo.
 
La legisladora consideró que la denominada ley antiterrorista es "usada como pantalla" por el gobierno nacional "para evitar discutir los graves problemas económicos que tiene el país y querer endilgarlos a una empresa, que si cometió una quiebra fraudulenta deberá ser condenada por ello en el marco de la ley vigente".
 
"El gobierno con esta ley 'Crea Terroristas', mientras siguen impunes los actos terroristas acaecidos en nuestro país como el atentado de la AMIA , encubierto tras el memorándum de entendimiento con Irán", opinó.
 
En ese contexto, Bullrich señaló que como titular de la Comisión de Legislación Penal de Diputados "tomé contacto con todos los bloques opositores y mañana (por hoy) estaremos presentes para dictaminar contra esta norma que desvirtúa al derecho penal para construir una herramienta represiva".
 
Además de Bullrich, los integrantes de la Comisión, miembros de la oposición son: Margarita Stolbizer, Victoria Donda (FAUNEN); Luis Petri, Oscar Aguad, Manuel Garrido, María Gabriela Burgos, María Soledad Carrizo (UCR); Pablo Javkin (CC ARI); Ivana Bianchi (Compromiso Federal); Nicolás del Caño (Frente de Izquierda); Eduardo Cáceres (Unión Pro); Oscar Martínez, Gilberto Alegre (Frente Renovador).
 
Hasta ahora, Bullrich cuenta con el apoyo de la UCR, del Partido Socialista, Pro, la Coalición Cívica y Libres del Sur. Sin embargo, el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, no cree que la derogación sea la mejor alternativa.
 
"En lo que hay que trabajar es en 'cerrar' el tipo penal incluido en la ley, que es demasiado amplio y por eso se permiten estas arbitrariedades", enfatizó Graciela Camaño (Frente Renovador). En ese espacio, al igual que en círculos judiciales y empresarios, se teme que la derogación perjudique al país en momentos en que está por arribar una nueva misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que recientemente sacó a la Argentina de la "lista gris" de países "en capilla" tras la sanción de la norma hoy cuestionada.
 
Adrián Pérez, diputado del Frente Renovador, fue más duro en el diario 'BAE': 
 
"La aplicación de la Ley Antiterrorista en el caso de la empresa Donnelley confirmó nuestras preocupaciones sobre el uso de una norma que ya había sido fuertemente cuestionada por los organismos de derechos humanos y distintos sectores políticos.
 
La Ley Antiterrorista se ha convertido en un cheque en blanco para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, que en algunos casos como este se utiliza como respuesta absolutamente desproporcionada e irracional para un tema que debe ser resuelto por los carriles correspondientes en la justicia civil comercial y eventualmente en las instancias administrativas del Ministerio de Trabajo. La falta de claridad de la norma, que establece el aumento de las penas de todos los delitos que fueran cometidos con la “finalidad de aterrorizar a la población” o de “obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, permite un uso arbitrario e impredecible del poder punitivo del Estado.
 
En tal sentido, el uso arbitrario de la Ley Antiterrorista no nos sorprende. Lo que ha hecho el gobierno es una pésima aplicación de una pésima ley. Más que analizar la razonabilidad de su aplicación, deberíamos estar discutiendo su derogación.
 
La vaguedad del lenguaje utilizado ha demostrado ser una amenaza para la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. La norma utiliza un lenguaje excesivamente abstracto que no se condice con los requisitos de precisión propios de un tipo penal y así incumple los estándares en materia penal exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
 
Por su parte, Ivana Bianchi (Compromiso Federal), también miembro de la comisión, indicó al diario 'La Nación' que recién hoy definirá su postura tras el debate en la comisión.
 
Manuel Garrido, de la UCR, diputado y ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, advirtió contra "la vaguedad de su formulación y el peligro que representaba una norma tan imprecisa, que otorga la posibilidad de aumentar arbitrariamente todas las penas al doble. La excusa de cumplir con normas internacionales de lucha contra el lavado de dinero no justifica su redacción desmesurada, impropia de un país respetuoso de los derechos humanos."
 
En el diario 'BAE' también, escribió:
 
"Ahora la Presidenta exhibe este instrumento como amenaza frente a las consecuencias de sus propias decisiones económicas, como si el temor a la ley penal sirviera para conjurarlas.
 
Además, su invocación y la de los supuestos delitos contra el orden económico y social, en lugar del tipo de quiebra fraudulenta al que corresponden los hechos que por los que se acusa a Donnelly, persiguen que intervenga el fuero federal, sospechado por la influencia que allí ejerce habitualmente el poder político.
 
Unidades especiales del Ministerio Público, habitualmente en sintonía con el Poder Ejecutivo, mantendrán seguramente activa esta causa con el mismo afán disciplinador.
 
La utilización de la Ley Antiterrorista como arma contra empresas transnacionales en el marco de una supuesta batalla contra los fondos buitres, seguramente no ha de conmover a los bienpensantes que cuestionan la aplicación usual e impiadosa del derecho penal contra los sectores sociales más pobres y desaventajados.
 
Sin embargo, no deja de constituir una arbitrariedad que podría ser dirigida contra cualquiera, según el talante del gobernante de turno."
 
Más allá de esta batalla en particular, cierto es que se anticipa un segundo semestre intenso en la agenda parlamentaria, que estará teñido de iniciativas que auguran una mayor intervención del Gobierno y del Estado en la economía. En efecto, también está en gateras una nueva ley de regulación de la producción y comercialización de los medicamentos, que traerá cola.
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