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Basta de impunidad: Proponen eliminar los fueros parlamentarios (sufre Boudou & Cía...)

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Basta de impunidad: Proponen eliminar los fueros parlamentarios (sufre Boudou & Cía...)

Mensaje por Talisman el Lun Ago 11, 2014 9:30 pm

Ya es sabido que los legisladores buscan eternizarse en sus bancas (así como los ex funcionarios intentan ocupar una...) para conservar los fueros parlamentarios que les garantizan la 'inmunidad de arresto'. Pero se trata de una tradición hispánica, originada en las monarquías parlamentarias, abandonada ya por muchos países y que es muy criticada desde vastos sectores. Ahora, el gobernador José Manuel De la Sota propuso, en el marco de su campaña presidencial 2015, eliminar este privilegio para que todos "seamos iguales ante la ley". La iniciativa, más allá de su finalidad proselitistas, merece la consideración y el debate.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El gobernador cordobés Juan Manuel De la Sota lanzó la primera piedra. "#SiYoFueraPresidente eliminaría los fueros de funcionarios y legisladores. Todos iguales ante la ley", escribió hace unas semanas en su cuenta de Twitter. Ese mismo concepto lo reforzó este lunes (11/08), en una entrevista con Jorge Lanata por Radio Mitre. Y desde Urgente24 nos preguntamos por qué no...
 
Más allá de la finalidad proselitista que pueda tener el planteo de De la Sota, se trata de una iniciativa que, como mínimo, merecería un debate y una consideración, ya que pondría en igualdad de condiciones ante la Ley a todos los argentinos y ayudaría a reducir la impunidad de la que parecen gozar los políticos.
 
¿Qué son los fueros parlamentarios? En Derecho, se denomina fuero parlamentario a los privilegios o normas especiales que aplican a una o varias personas en el ámbito del Derecho penal por el hecho de pertenecer a un Parlamento democrático, como representantes de la soberanía popular. Estas personas, mientras se encuentran en su cargo, tienen privilegios propios, como la inviolabilidad o el sometimiento a tribunales específicos.
 
La Constitución de la Nación Argentina establece los fueros parlamentarios en sus artículos 68 a 70. El primero establece que los legisladores no pueden ser acusados en forma judicial por las actividades propias de su mandato como legisladores, incluyendo las opiniones o discursos que pudieran formular (inmunidad de opinión). El artículo 69 establece que no pueden ser detenidos por la Policía Federal, excepto en la eventualidad de ser sorprendidos in fraganti -en el lugar del hecho- cometiendo un delito (inmunidad de arresto). En tanto, el artículo 70 establece que, en caso de presentarse querellas ante la justicia contra un legislador, el voto de los dos tercios de su cámara puede retirarle los fueros y ponerlo a disposición de la justicia.
 
Los fueros son una excepción al principio de igualdad ante la ley que consagra la Constitución Nacional y los únicos fueros reconocidos por la Constitución son los que protegen a los diputados y senadores.
 
Es decir, en pocas palabras, los legisladores cuentan con una 'protección' por la cual no pueden ser arrestados como el resto de los ciudadanos. De ahí el interés de muchos políticos de permanecer en sus bancas, para tener la inmunidad de arresto.
 
Pero, cabe destacar, se trata de una legislación muy antigua. Y es interesante ver cómo y por qué surgió: el fuero parlamentario tiene su origen en la separación de poderes y la búsqueda de la independencia del poder legislativo con respecto al ejecutivo, sobre todo en el caso de las monarquías parlamentarias. En estas monarquías era habitual que cuando un parlamentario se oponía a los deseos del rey, éste buscase excusas para, utilizando el poder ejecutivo, acusarle de algún delito y buscase apartarle de la vida pública. Como forma de evitar estas injerencias, se establecieron medidas que impedían que pudiese ser encausado ningún parlamentario si previamente el propio Parlamento no daba su visto bueno y que, en el caso de ser encausado, estuviese sometido a algún orden jurisdiccional específico (normalmente el Tribunal de mayor jerarquía).
 
En la actualidad, la mayoría de los países no contempla el privilegio de inmunidad de arresto para sus legisladores. Entre las naciones que enuncian que ningún miembro del Congreso, Asamblea o Parlamento puede ser arrestado, excepto en el caso de ser sorprendido in fraganti en la comisión de algún delito, encontramos a Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Paraguay, Venezuela, México y El Salvador, además de la Argentina. También España y Francia. Otros países establecen los fueros parlamentarios pero sin esta clausula de inmunidad de arresto.
 
En cuanto al Presidente y vicepresidente de la Nación (nos interesa sobre todo lo que concierne al vicepresidente, ya que Amado Boudou actualmente procesado en dos causas), no son amparados por los fueros pero sí tienen otro tipo de privilegio: la Constitución Nacional establece que corresponde a la Cámara de Diputados acusar y al Senado juzgar “al Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete de Ministros, a los Ministros y a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes” (art. 53). El juicio político se refiere a la responsabilidades políticas y sólo tiene por efecto “destituir al acusado, y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación” (art. 60). Una vez destituido, y si el juicio político hubiera sido motivado por la presunta comisión de un delito, recién ahí podría ser arrestado.
 
Entonces, tanto para legisladores como para funcionarios de alto rango, sólo se podría hacer efectivo el arresto una vez que haya sido desaforado -en el primer caso- o destituido por juicio político -en caso de funcionarios-. El problema es que, por lo general, ninguna de las alternativas llega a prosperar porque el oficialismo cuenta con mayoría en el Congreso, echando por tierra las posibilidades de avanzar en estos casos.
 
Exactamente eso fue lo que sucedió el mes pasado con Boudou: el kirchnerismo hizo pesar su mayoría en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y rechazó 'in limine' (en el comienzo) los pedidos de juicio político de la oposición contra el vicepresidente, procesado en un caso de corrupción (ver nota relacionada).
 
De hecho, se ha hablado de que Cristina Fernández 'bancará' a Boudou incluso hasta después de 2015: quiere ubicarlo entre los primeros 20 lugares en la lista de candidatos a diputados nacionales para garantizarle los fueros parlamentarios. 
 
El tema de los fueros siempre está sobre el tapete. Tiempo atrás se habló de un acuerdo del kirchnerismo con Carlos Menem, para que el ex presidente conserve su banca en Diputados, a cambio de su voto en cuestiones relevantes para la Rosada, y así conservar el privilegio que le otorga la Constitución. También se ha hablado de que la misma Cristina Fernández, cuando finalice su mandato, podría continuar con un puesto legislativo, justamente como protección ante posibles juicios.
 
# En algunos países se debate la eliminación de fueros
 
La protección que brinda el fuero parlamentario a los legisladores también viene siendo objeto de debate en Paraguay, donde varios dirigentes han propuesto su eliminación por tratarse de "una garantía de impunidad". "No podemos permitir que el Parlamento se convierta en un refugio de delincuentes”, expresó entonces la candidata por el movimiento Unidad Democrática para la Victoria, Rafaela Guanes de Laíno.
 
En un sentido similar se planteó el debate en Uruguay.  El diputado nacionalista Luis Lacalle Pou presentó un proyecto de ley para eliminar los fueros parlamentarios y que los legisladores puedan ser acusados penalmente, ya que el “mundo moderno” requiere que los “legisladores estén en igualdad con cualquier ciudadano”.
 
 
Y también en España: el PSOE presentó un proyecto para que se realice "un estudio serio y riguroso" sobre los 10.000 cargos públicos que actualmente están protegidos por ese fuero, la mayoría de los cuales no son políticos, sino jueces, fiscales o policías. Todo ello para buscar una reducción pactada de ese número "en función del interés general": "Puede ser que en otras circunstancias históricas tuviera algún tipo de razón, pero en estos momentos hay que resetear también grandes zonas del sistema", opinaron.
 
El ex presidente de Colombia, César Gaviria, en tanto, le recomendó a los mexicanos que eliminen los fueros. “Lo que puedo decir es una cosa de carácter genérico: nadie puede estar por encima de la ley, punto. En Colombia nadie puede sentirse por encima de la ley. Nosotros en Colombia no tenemos inmunidad para los parlamentarios, la eliminamos en 1991, los juzga la Corte Suprema de Justicia”, aseguró.
 
“Yo sé que esa es una decisión drástica, en Colombia eso ha sido útil, pero aquí por lo menos en delitos relacionados con el narcotráfico, esa inmunidad debería de ser corregida, si uno quiere que haya un poco de eficacia, porque también hay mucho de espejismo cuando se cree que el problema del narcotráfico está muy concentrado en la policía, y que la policía es corrupta”, refirió el ex presidente de Colombia.
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