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Cristina hipócrita: En 2013 recaudará $ 114.500 millones con el impuesto inflacionario

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Cristina hipócrita: En 2013 recaudará $ 114.500 millones con el impuesto inflacionario

Mensaje por Talisman el Dom Feb 03, 2013 1:08 am

La Presidente de la Nación no habla de inflación porque se beneficia con ella. La Presidente de la Nación no ataca la inflación porque perdería un ingresos importante para ella. La Presidente de la Nación provoca inflación porque recauda más ingresos. La Presidente de la Nación culpa a otros por la inflación que ella misma alienta para completar la financiación del gasto público elevadísimo. El modelo inflacionario lleva a la Argentina hacia situaciones de enorme tensión social. Buen trabajo de la consultora Economía & Regiones.

Para 2012 el impuesto inflacionario se habría incrementado un 47% respecto al año anterior y habría alcanzado los $ 70.300 millones. Lo que representaría el 2,8% del PBI y el 13% de los ingresos netos de coparticipación; siendo el año record de recaudación de este tributo desde el inicio de la era K. Fuente: Economía & Regiones

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Economía & Regiones). La inflación es la terrible consecuencia del modelo económico: le pega de lleno al bolsillo de los trabajadores; genera pobreza e indigencia; arremete contra la rentabilidad de las empresas, y por ende, contra la inversión y la generación del empleo; provoca incertidumbre; incentiva el aumento de las importaciones y de la demanda de dólares.

Sin embargo, una inflación elevada pero constante, anclada en torno al 20% anual, es paradójicamente una fuente adicional de financiación para el Gobierno Nacional.

En efecto, la emisión de dinero, o señoreaje, es una herramienta de política económica que tienen los gobiernos de aquellos países con moneda propia. La creación primaria de dinero responde tanto a un crecimiento real de la economía como a un aumento del nivel general de precios. En otras palabras, la base monetaria5 se incrementa en respuesta a la evolución del Producto Bruto medido en términos nominales.

No obstante, mientras que el crecimiento (real) de la economía genera un aumento en la demanda de saldos monetarios reales (que implica una economía de mayor tamaño), la inflación induce un incremento en la demanda nominal, cuyo fin es compensar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda ante la aceleración de los precios.

Esta pérdida del valor real del dinero, por efecto de la inflación, se denomina “impuesto inflacionario”. Es decir, la inflación puede ser asimilada a un impuesto que se cobra sobre los tenedores de moneda. Y como el Gobierno (a través del Banco Central) es el único ente encargado de la emisión, es el que se apropia y se beneficia de la pérdida del valor del dinero.

Como todo impuesto, requiere de una alícuota, que en este caso es la tasa de inflación general de la economía (medida a través del índice de precios relevado por el Congreso); y de una base imponible, que aquí es la base monetaria. Así, (mediante el producto entre estas dos variables) es posible calcular el valor recaudado de este impuesto.

Para 2012 el impuesto inflacionario se habría incrementado un 47% respecto al año anterior y habría alcanzado los $ 70.300 millones. Lo que representaría el 2,8% del PBI y el 13% de los ingresos netos de coparticipación; siendo el año record de recaudación de este tributo desde el inicio de la era K.

Concretamente, la forma final que tiene el tesoro de hacerse de estos ingresos adquiere diversos nombres: “adelantos transitorios”, “utilidades del BCRA” o “uso de reservas”. En todos los casos se trata de traspasar el impuesto inflacionario que recauda el BCRA hacia el Gobierno Nacional.

Por último, como corolario de todo lo anterior, cabe remarcar que si bien la inflación es un problema para la economía argentina y sobre todo para los sectores más vulnerables, también es paradójicamente una solución para este Modelo (no sostenible en el tiempo) para subsanar la falta de ingresos públicos.

Además, el impuesto inflacionario es un tributo que no se coparticipa por lo que su recaudación queda enteramente en manos del Gobierno Nacional.

Paralelamente, la Carta Orgánica BCRA (vigente desde marzo de 2012) le da cada vez más grados de libertad al Tesoro para hacerse de los fondos del Central. Mientras que las restricciones a la compra de dólares sostienen artificialmente la demanda de pesos. Todo confluye en que el Gobierno tenga incentivos a aumentar la emisión dado que sin recursos fiscales y sin financiamiento genuinos la “maquinita” del BCRA es la única fuente de recursos para pagar el aumento del gasto público.

Es decir, es probable que en el mediano plazo la recaudación del impuesto inflacionario aumente puesto que tanto la base imponible (base monetaria) como la alícuota (tasa de inflación) se incrementarán.

De este modo, suponiendo que la demanda de pesos se mantiene, con una expansión de base monetaria en torno al 40% en 2013 (similar a la de este año que cerró en 39% en diciembre) y un incremento del nivel general de precios del 28%, el impuesto inflacionario podría alcanzar un nuevo record y ubicarse en torno a los $ 114.500 millones, con una expansión anual del 53%.

Un punto importante a remarcar es que el impuesto inflacionario se lo apropia 100% el gobierno nacional y no es coparticipado en absoluto hacia las provincias. Es decir, el impuesto inflacionario también es nocivo en términos de federalismo fiscal.

En el gráfico 5 se observa una distribución hipotética del impuesto inflacionario entre las provincias.... (N. de la R.: si se coparticipara. Porque debe recordarse que Cristina Fernández de Kirchner se lo queda todo, por completo).

Sin lugar a duda, a modo de ejercicio hipotético se podría decir que el escenario fiscal provincial mejoraría si las provincias recibieran la coparticipación del equivalente al impuesto inflacionario, ya que recibirían más de $56.000 millones, frente a necesidades anuales de financiamiento de $35.000 millones.

Asimismo, este volumen de dinero permitiría cubrir el 22% del gasto anual en salarios públicos, y alcanzaría para financiar una vez y media el plan de obras públicas previsto en las 24 jurisdicciones.
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