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Tiene razón: debieron indagarlo antes

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Tiene razón: debieron indagarlo antes

Mensaje por Talisman el Jue Jun 05, 2014 12:21 am

Amado Boudou tiene razón en una sola de las muchas cosas que dice: demoraron demasiado en citarlo a indagatoria. Ese reproche se lo hizo ayer al juez Lijo en el escrito en el que le pidió que adelantara la fecha de la cita, fijada para el 15 de julio. No se declaró culpable, sólo subrayó que pasaron dos años en los que, según él, no hubo grandes avances en la investigación. La realidad es otra, aunque la conclusión es la misma. Poco después de iniciada la investigación por el anterior juez, Daniel Rafecas, y por el primer fiscal, Carlos Rívolo,ya existían pruebas para llamarlo a indagatoria.


Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

Sólo la enorme gravedad institucional que significa una citación en tales condiciones a un vicepresidente de la Nación, por presuntos hechos de corrupción y por primera vez en la historia, explicaría la demora del juez en firmar la resolución que terminó suscribiendo el viernes pasado.

Ya antes, Boudou había sido ingrato con Rafecas, cuando acusó a éste de haberlo ayudado a través de mensajes telefónicos con uno de sus abogados. En verdad, Rafecas cometió un error, aunque todos los testimonios judiciales (incluido el del propio fiscal Rívolo) aseguran que el magistrado no interfirió en la investigación y que, por el contrario, autorizó todas las medidas procesales que le pidieron. Boudou devolvió aquel favor con una acusación pública contra el juez y sacó a Rafecas de la causa. Rafecas está siendo investigado ahora por el Consejo de la Magistratura.

El actual juez, Lijo, demoró la citación a indagatoria a la espera de una solución política por parte del gobierno de Cristina Kirchner. Lijo suponía que el Gobierno sabe que el vicepresidente no tiene salvación dentro del expediente judicial. Era posible, por lo tanto, que el Gobierno se salvara a sí mismo mediante una decisión política. Hay que llamar a las cosas por su nombre: la solución política hubiera consistido sólo en la renuncia o en el pedido de licencia del vicepresidente. La administración eligió otro camino: aprovechó el tiempo para arropar a Boudou y para conspirar contra el juez. Lijo citó al vicepresidente cuando comprobó que la suerte de Boudou se dirimiría en su despacho y no en el de la Presidenta.

La culpa es ahora de Lijo, según el desagradecido vicepresidente. Boudou se convirtió en una víctima de la influenciable corporación judicial, cuando antes denunció que era presa de la falsa presión mediática. La alusión que hace a los dos principales diarios del país, LA NACION y Clarín, es un homenaje involuntario a la tarea del periodismo. Dice que informaron con "ajustada certeza" sobre los avatares de la investigación judicial. Lo escribió, claro está, en tono de reproche al juez. ¿Y qué otra cosa quería que hicieran los diarios? ¿Quería que callaran sobre una noticia de monumental envergadura política e institucional? ¿O esperaba, acaso, que siguieran la cacofonía de los medios oficialistas, que dicen lo que Boudou quiere que digan?

El problema de Boudou es que el juez dio casi por probada su relación con Alejandro Vandenbroele, el supuesto testaferro del vicepresidente que se hizo cargo, como un simple monotributista en la escala más baja, de la empresa Ciccone. Lijo es un hombre con instinto político. Jamás hubiera llegado a semejantes conclusiones si no tuviera las pruebas indispensables para hacerlo. En el caso Ciccone, se juega la suerte del vicepresidente, pero también la del propio juez. La investigación judicial respalda hasta ahora al magistrado, porque es Boudou el que mintió varias veces sobre hechos que se comprobaron distintos.

En los fundamentos de su citación a indagatoria, el juez avanzó con otra aseveración que anuncia, quizás, un agravamiento del delito del que se acusa a Boudou. Hasta ahora estaba siendo investigado por negociaciones incompatibles con la función pública, que significa tráfico de influencias en un idioma más claro y directo. Se lo acusaba de haber influido para que una empresa pasara de unas manos privadas a otras manos privadas. Pero Lijo acaba de recalcar que fue clave la participación de Boudou para perjudicar a la Casa de la Moneda, un histórico organismo del Estado argentino.

Boudou habría hecho abortar un crédito de menos de 150 millones de dólares a la Casa de la Moneda, que le hubiera permitido a ésta la compra de una impresora más. Con esa adquisición, la Casa de la Moneda no hubiera necesitado la ayuda de nadie para imprimir todos los billetes que necesita la economía argentina. Sin esa compra, una parte de la impresión de los billetes terminó en Ciccone, ya en poder de los amigos de Boudou (o del propio Boudou). Los recursos que necesitaba la Casa de la Moneda significan un porcentaje insignificante, por ejemplo, de la masa de subsidios a los servicios públicos. La nueva denuncia que el juez escribió en su resolución podría merecer otra tipificación del presunto delito, como la de asociación ilícita, mucho más grave que la de tráfico de influencias.

Las limitaciones de la Casa de la Moneda surgieron, a todo esto, porque el Gobierno no quiere confeccionar billetes de más de 100 pesos. Considera que sería una aceptación implícita de la inflación que niega. La necesidad de conservar la pureza de la falsedad estadística, por un lado, y la inmoral audacia de un grupo de funcionarios, por el otro, confluyeron en el saqueo de un empresa. La compañía fue expropiada luego con la aprobación del Congreso, y no sólo con los votos oficialistas. También votaron algunos opositores, como sucedió con casi todas las aventuras del kirchnerismo. Nadie reclamó nunca la correspondiente indemnización por esa expropiación. Una empresa privada sin dueño. A todas luces, entonces, esa expropiación se hizo para tapar un delito.

Boudou pidió adelantar su cita con la Justicia porque el 15 de julio estará a cargo de la presidencia de la Nación. Ese día, Cristina Kirchner deberá asistir, especialmente invitada, a una reunión del Brics en Brasil. El Brics es un grupo de países emergentes (China, la India, Rusia, Brasil y Sudáfrica) al que la Argentina no pertenece. Cristina Kirchner fue invitada por el ruso Vladimir Putin hace muy pocos días. Boudou también le reprochó al juez que haya elegido justo esa fecha, pero ese viaje presidencial se agregó muy recientemente. El juez no tiene la obligación de conocer los pormenores de la agenda presidencial.

Otra vez la culpa propia es de los otros. No es el juez el que llevó a las más altas instancias del Estado cerca de los tribunales, sino la impune osadía de un hombre que nunca mereció estar en la cima del poder político.
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